🕒 Última actualización:
enero 23, 2026
La empresa Air-e, comercializadora de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, permanece intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) desde septiembre de 2024, tras una profunda crisis financiera y operativa que no ha logrado superarse. Las deudas acumuladas y las fallas en la prestación del servicio habrían llevado a la intervención, pero la situación no habría mejorado y hoy existiría un 'riesgo real' de liquidación, lo que pondría en peligro el suministro eléctrico a cerca de 1,3 millones de usuarios en la Costa Caribe. Ante este escenario, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 0044 de 2026, amparado en el Estado de Emergencia Económica, en lo que pretendería 'garantizar' la continuidad del servicio y 'evitar el colapso' de la empresa intervenida. El propio decreto admitiría que Air-e requeriría un flujo de caja libre superior a $5,4 billones en un horizonte de más de un año 'para sostener su operación y ejecutar inversiones mínimas indispensables' para el sistema.
Así las cosas, la norma impondría dos medidas principales a las empresas generadoras de energía. La primera es un tributo parafiscal del 2,5% sobre sus utilidades, que se cobraría en dos pagos durante 2026. La segunda sería un aporte “en especie”, que obligaría a los generadores hidráulicos a entregar el 12% de la energía que venden en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista, destinada exclusivamente a las empresas intervenidas por la Superservicios, hoy únicamente Air-e. El decreto establece que esta obligación 'no debería trasladarse a las tarifas ni alterar' la formación de precios del mercado, y contemplaría un descuento tributario del 50% en el impuesto de renta como compensación. El gobierno sostiene que estas contribuciones permitirían 'financiar acciones urgentes' para 'garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad' del servicio público de energía eléctrica, así como 'fortalecer' el Fondo Empresarial de la Superservicios. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la medida como 'temporal, necesaria y responsable', argumentando que los problemas del sistema eléctrico en el Caribe serían 'estructurales desde hace más de dos décadas', sin que las soluciones de fondo hayan sido suficientes.
No obstante, la medida ha generado controversia (así como las demás contemplaciones de la Emergencia Económica; para mayor contexto consultar en el blog). Desde el sector energético, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen (Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica), aseguró que el decreto carecería de 'sustento jurídico sólido, es desproporcionado y genera incertidumbre regulatoria' que 'puede frenar la inversión'. A estas voces se sumaron Andeg (Asociación Nacional de Empresas Generadoras) y exministros del sector, quienes califican la medida como “expropiatoria”, al referir que obligaría a las empresas generadoras (acreedoras de Air-e por deudas cercanas a $1,7 billones) a financiar, mediante impuestos y entrega de energía, el pago de obligaciones 'que la empresa intervenida mantiene con ellas mismas'. En contraste, Jaime Lombana, abogado de Air-e, defendió el Decreto 0044 al señalar que sí tendría 'respaldo legal, no implica expropiación y establece mecanismos de compensación' para los generadores. Según Lombana, la medida pretendería 'corregir' un desequilibrio estructural del mercado eléctrico, donde los generadores concentrarían 'altas utilidades' mientras los distribuidores enfrentarían 'crisis financieras'. No obstante, el debate persiste, dejando en evidencia una compleja tensión entre la 'urgencia' de salvar a Air-e y el impacto que estas decisiones pueden tener sobre la seguridad jurídica, la confianza inversionista y la sostenibilidad del sector.
A propósito de la Emergencia Económica y su controversia, hoy se reportó que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, se declaró impedido para participar en el debate que estudia el decreto, argumentando que sus entrevistas con medios, en particular con María Isabel Rueda, podrían 'poner en duda' su imparcialidad, como se ha cuestionado desde el Gobierno Nacional. Y es que ayer, Presidencia había presentado una recusación por la misma razón. Mientras se estudia el caso de fondo, que tomaría varias semanas, se ha solicitado 'congelar temporalmente' los efectos del decreto, aunque históricamente la Corte ha limitado la suspensión provisional para decretos de Estados de Excepción (la Emergencia Económica es un Estados de Excepción). Por sorteo, el magistrado Carlos Camargo llevará el análisis y solicitó las pruebas para su ponencia. A propósito, hoy Camargo presentó la ponencia, de 86 páginas, solicitando 'suspender provisionalmente' los efectos del decreto alegando 'daño irreparable, usurpación de funciones del Congreso y posibles perjuicios futuros' por cargas tributarias. La propuesta será debatida la próxima semana en la sala plena de la Corte Constitucional y requiere cinco de nueve votos para aprobarse. La suspensión sería cautelar mientras se estudia la constitucionalidad del decreto, aunque la incertidumbre por esto persiste. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • Caracol Radio • La Silla Vacía • Noticias RCN
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