🕒 Última actualización:
enero 28, 2026
El Gobierno de Ecuador confirmó un incremento del 900% en la tarifa para el transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), elevando el cobro de alrededor de 3 a 30 dólares por barril, medida vigente desde el 23 de enero. La decisión se da en medio de una creciente tensión comercial y diplomática con Colombia y ha sido defendida por el gobierno ecuatoriano como una 'revisión de las condiciones del servicio' a operadores extranjeros. El aumento fue adoptado como una 'medida recíproca' tras la suspensión, por parte de Colombia, de la venta de energía eléctrica a Ecuador, que a su vez lo hizo luego de que el Presidente de Ecuador Daniel Noboa impusiera aranceles del 30% a productos colombianos, argumentando presunta 'falta de cooperación' en materia de seguridad. Este cruce de decisiones ha intensificado la llamada 'guerra arancelaria' entre ambos países. El uso de los ductos ecuatorianos se remonta a mayo de 2024, cuando Petroecuador y Ecopetrol firmaron un contrato para transportar crudo colombiano por los oleoductos San Miguel–Lago Agrio (Osla) y el Sote.
El sistema, considerado clave para la zona oriental ecuatoriana, tiene una extensión de 26 kilómetros y moviliza crudo con una calidad entre 25 y 28 grados API (medida que indica si un petróleo es liviano o pesado: a mayor grado API, mejor calidad y más fácil de refinar; a menor grado API, crudo más pesado y costoso de procesar), conectando Lago Agrio con el puerto petrolero de Tumaco, en Colombia. El contrato, vigente hasta mayo de 2027, permite transportar un promedio de 13.250 barriles diarios de crudo colombiano, con una capacidad máxima de 22.000 barriles por día, aunque Ecopetrol estima que por esta infraestructura circularían actualmente cerca de 30.000 barriles diarios, de los cuales 10.000 corresponderían a la estatal colombiana. El petróleo es entregado en el cruce del río San Miguel, en el sector de General Farfán, y desde allí es transportado por Petroecuador hasta el Terminal Marítimo de Esmeraldas. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, calificó la decisión como “completamente irracional”, al advertir que encarecería la operación, afectaría 'la competitividad' del crudo colombiano y pondría 'en riesgo' a la empresa pero también a los pequeños productores que dependerían de esta ruta de exportación. Roa señaló que se analizaban alternativas logísticas y no descartó solicitar la activación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (que se ha ofrecido como 'mediadora' en la situación), aunque insistió en que la prioridad sería una solución diplomática.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma afirmó que el incremento tarifario sería 'unilateral y arbitrario', violaría 'compromisos vigentes' (como el acuerdo de 2011) y deterioraría el clima de diálogo bilateral, cuando se contemplan conversaciones que pretenderían 'fortalecer' la cooperación entre ambos países. Ante este escenario, el Gobierno Nacional convocó a los gremios petroleros 'para buscar opciones' de transporte y exportación que 'mitiguen el impacto', evitando 'retaliaciones' y con lo que se apelaría a una 'salida negociada'. Horas después se conoció que Noboa acusaba a Colombia de “abandono” de la frontera, señalando que la 'inacción' en el control de grupos narcotraficantes habría permitido 'su expansión' y habría llevado a Ecuador a 'invertir más recursos' en la zona. Además, también se conoció que Colombia planearía imponer un arancel del 30% a varios otros productos ecuatorianos, con decreto previsto para el viernes, justo antes de que entren en vigor los aranceles de Ecuador, que incluyen el aumento del 900% en la tarifa de transporte de petróleo.
El Presidente Gustavo Petro ofreció este miércoles, 28 de enero, a Noboa abrir un 'diálogo para desescalar' la crisis de seguridad y comercial entre Colombia y Ecuador durante un foro de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) en Panamá. Aunque el mandatario ecuatoriano no habría respondido directamente, dijo 'defender' su postura 'contra el crimen', justificando las medidas como 'compensación por el costo' de vigilar la frontera común. No obstante, las tensiones persisten. El Ministerio de Agricultura anunció un arancel del 30% al arroz importado desde Ecuador y restricciones al transporte terrestre como parte del 'plan de choque' para 'proteger' la producción nacional de arroz paddy verde, tras una solicitud de Fedearroz. Además, se ajustaría el régimen de libertad regulada con 'nuevos precios base, de referencia y rangos mínimos y máximos para servicios como secado, trilla y almacenamiento'. También se evalúa un apoyo económico directo a 'pequeños y medianos arroceros', sujeto a la disponibilidad de recursos y a la participación de la industria molinera, dentro de un proyecto de resolución que irá a comentarios públicos (antes de entrar a regir). El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La República • El Colombiano • La Silla Vacía • DW • AFP • EFE
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