🕒 Última actualización:
enero 16, 2026
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió investigación formal contra el general (r) Mario Montoya por su presunta responsabilidad en los llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales cometidas en Antioquia durante su comandancia de la IV Brigada del Ejército, entre 2002 y 2003, considerados uno de los episodios más graves en el marco del conflicto armado y la violencia en el país. La decisión marcaría un giro en un proceso que llevaba más de un año sin definición de fondo y dejaría al excomandante a un paso de enfrentar un juicio. El caso incluye, según la JEP, 59 hechos criminales asociados a 141 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño. Uno de los hechos emblemáticos habría ocurrido el 30 de noviembre de 2003, cuando una unidad militar asesinó a Franklin de Jesús Gómez, un hombre con discapacidad intelectual, en Medellín, y lo habría presentado falsamente como guerrillero muerto en combate tras sembrarle material de guerra. Para la jurisdicción, estos crímenes 'no fueron hechos aislados', sino parte de un 'patrón sistemático'.
En octubre de 2024, Montoya se negó a reconocer responsabilidad por estos hechos, lo que llevó a que en diciembre de ese año la Sala de Reconocimiento remitiera su caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Tras más de un año de indagaciones, el 23 de diciembre de 2025 la UIA resolvió abrir investigación formal por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate. El auto judicial señala que, bajo el mando de Montoya, se consolidó una “lógica operacional” que 'priorizaba resultados cuantitativos' medidos en número de muertos, incluso con expresiones como “litros” o “ríos de sangre”. También, que esa 'presión', acompañada de 'incentivos y reconocimientos institucionales', habría llevado a que unidades militares 'asesinaran civiles, manipularan escenas y elaboraran informes falsos para simular combates inexistentes'.
La JEP describe tres modalidades recurrentes: 'asesinatos de personas previamente señaladas como guerrilleras sin que hubiera combate, engaños a civiles vulnerables con promesas de trabajo o traslado para luego ejecutarlos y muertes de personas capturadas, rendidas o fuera de combate'. En todos los casos, las víctimas habrían estado 'desarmadas y en estado de indefensión', lo que configuraría 'violaciones graves' al Derecho Internacional Humanitario. Al pasar el caso al escenario adversarial (proceso judicial en el que las partes se enfrentan de manera directa, con acusación y defensa claramente definidas, a diferencia de etapas previas más investigativas o conciliatorias). Así las cosas, Montoya pasaria de ser compareciente con opción de beneficios y se expondría a una eventual acusación y a una pena de hasta 20 años de prisión si se prueba su responsabilidad penal. Para las víctimas, la decisión representaría un 'avance clave', aunque persisten cuestionamientos sobre el alcance total de la investigación. El proceso pondría nuevamente a prueba a la JEP y reabriría el debate sobre la responsabilidad de los más altos mandos militares en uno de los capítulos más complejos de la historia reciente del país. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio
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