🕒 Última actualización:
enero 30, 2026
El Presidente Gustavo Petro lanzó esta semana señalamientos públicos contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, así como contra el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, por la supuesta 'designación irregular' de interventores de salud. Estas acusaciones, en medio de la crisis del sector, han generado amplias reacciones y la apertura de nuevas investigaciones, en lo que representaría la 'presión y desconfianza' que rodearía la administración del sector Salud en Colombia. Hoy se reportó que Sarabia enfrenta una queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General de la Nación por presuntos nombramientos irregulares de interventores en entidades bajo la Superintendencia de Salud. La denuncia fue radicada por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia y haría referencia a los señalamientos formulados públicamente por Petro, quien cuestionó la designación de 'funcionarios clave' en el sector. Con la queja, se habrían entregado pruebas documentales sobre una empresa creada en España considerada matriz de al menos 18 IPS.
El mandatario criticó abiertamente la gestión en la Superintendencia de Salud, afirmando que los interventores “fueron a hacer negocios” y que las hojas de vida presentadas para su nombramiento presuntamente 'no contaban con su autorización'. Petro añadió que los nombramientos habrían respondido a 'intereses ajenos' a la directriz presidencial, lo que, según él, habría afectado 'la intervención y la reforma a la salud'. Los denunciantes calificaron este esquema como parte de un “entramado de designaciones” dirigido a presuntamente beneficiar a determinados grupos de interés mediante la priorización de pagos en el sistema de salud. Frente a esto, Sarabia y su defensa negaron haber intervenido en la selección de interventores. Su apoderada, Lina Sandoval, aseguró que su gestión habría sido “trazable y documentada en chats”. Sarabia sostuvo en su cuenta oficial de X que no habría participado en la designación de interventores y el presidente y el Ministerio de Salud 'estaban al tanto' de esto. Además, solicitó a la Fiscalía grabaciones de cámaras de seguridad y una certificación jurada de la declaración presidencial 'para esclarecer' los hechos.
El exsuperintendente Luis Carlos Leal también denunció presuntas irregularidades en el sistema de salud, aportando pruebas sobre un supuesto desvío de recursos. Leal señaló que, aunque 'ser engañado' no constituye un delito, como superintendente habría existido 'la obligación de supervisar la labor' de los interventores, y que quienes habrían intentado 'proteger' la salud pública se habrían enfrentado a “mentiras y engaños” motivados por 'intereses de preservar la corrupción'. Para él, la situación evidenciaría una necesidad de una reforma estructural 'que elimine la intermediación' en el sector. Según la Red de Veedurías, los interventores habrían priorizado contrataciones y pagos 'para favorecer' a sectores políticos específicos a través de la red organizada en torno a la firma registrada en España, considerada clave en la investigación. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • Caracol Radio
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