🕒 Última actualización:
enero 10, 2026
La Veeduría del Transporte y las Vías de Ibagué presentó un oficio ante la Personería Municipal refiriendo 'rechazo' al reciente incremento del 13,8% en la tarifa del transporte público urbano. Según el organismo, este aumento superaría 'de manera amplia' el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se ubica en 5,1%, y afectaría 'de manera directa' la capacidad de pago de los ciudadanos, especialmente de quienes pertenecen a los estratos más bajos y dependerían del transporte para desplazarse a sus trabajos, centros educativos y servicios de salud. El documento menciona que el alza vulneraría 'derechos fundamentales como la movilidad, la libre circulación, la igualdad y el acceso a un nivel de vida digno', al tratarse de un 'servicio esencial'. Además, dice que el mayor gasto en transporte obligaría a familias a 'sacrificar recursos' destinados a otras necesidades básicas con un 'impacto negativo' en su bienestar y economía familiar.
La veeduría también refiere el contexto económico de Ibagué, señalando que con una tasa de desempleo del 9,4%, una parte significativa de la población no contaría con ingresos estables, lo que 'agrava' el efecto del aumento tarifario y profundizaría 'brechas de desigualdad social' en la ciudad. Este escenario, según el organismo, requeriría una 'atención inmediata' de las autoridades. Finalmente, considera que el incremento podría 'desincentivar' el uso del transporte público, 'fomentar' el crecimiento del transporte ilegal y aumentar la dependencia de motocicletas y vehículos particulares, 'afectando la movilidad y la calidad del aire'. Por ello, solicitó a la Personería Municipal 'ejercer control' sobre la administración local y adoptar medidas.
A propósito de esto, recientemente residentes del barrio Arboleda del Campestre en Ibagué manifestaron nuevamente 'inconformidad' con el servicio de transporte público, especialmente por la falta de buses adaptados para personas con movilidad reducida, un tema que ha generado amplia controversia. Según Edna Castro, veedora de Servicios Públicos, llevarían 'más de dos años' solicitando un 'uso adecuado' de las 41 busetas con plataforma de la ciudad, pero hasta el momento no habrían visto 'avances significativos'. La comunidad considera que la Secretaría de Movilidad, el Sistema Estratégico de Transporte (Setp) y las empresas responsables no habrían tomado medidas concretas para garantizar un servicio 'inclusivo y digno'. Además, también criticó el reciente incremento de las tarifas y solicitó a las autoridades una 'intervención urgente'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Ecos del Combeima
