🕒 Última actualización:
febrero 17, 2026
La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia que llevaba meses esperando un medicamento, habría generado una amplia controversia tras declaraciones del Presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud Guillermo Jaramillo. Su mamá, Yudy Katerine Pico, sostiene que su hijo habría sido 'víctima de negligencia' por una falta de suministro del tratamiento por parte de Nueva EPS y acusó a las autoridades de “lavarse las manos” mientras aún afronta el duelo. El menor murió en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia (Bogotá), tras agravarse su estado por una hemorragia. Y es que la controversia habría crecido cuando, en su reciente Consejo de Ministros televisado, Petro dijo que habría “dos causas agravantes: el que no había tomado el medicamento y el que se monta en una bicicleta y se cae”, y pidió investigar si hubo fallas administrativas en la entrega del tratamiento. También planteó: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, añadiendo que la prevención dependería 'de la educación' y que “las mamás no nacen aprendidas”. Para Yudy, centrar la discusión en la bicicleta equivaldría a 'responsabilizar' a la familia 'y no al sistema', que no entregó el fármaco.
El ministro Jaramillo reforzó esa línea al señalar que, según los reportes oficiales, el niño habría sufrido un “accidente craneoencefálico” tras la caída. Agregó que “es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarles un trauma violento y hemorrágico grave”. Las palabras de ambos habrían sido leídas por sectores médicos y ciudadanos como 'frías' en contraste con 'el dolor' de la mamá y como 'un desplazamiento' del foco 'desde la falta del medicamento hacia la conducta del menor'. El caso se habría convertido rápidamente en símbolo de una discusión más amplia sobre el estado del sistema de salud. Encuestas recientes citadas en el debate público ubican la salud como una de las principales preocupaciones ciudadanas, con un aumento en la percepción de deterioro del servicio. A ello se suman reportes de 'retrasos en entrega de medicamentos, congestión hospitalaria y tensiones administrativas' derivadas de intervenciones estatales a aseguradoras (aunque estas precisamente por 'irregularidades' en la administración de las EPS) y, a su vez, por ejemplo en el caso de la Nueva EPS, por embargos resultado de retrasos en pagos a clínicas y hospitales (para mayor contexto, consultar en el blog).
En ese contexto, la revista médica británica The BMJ publicó un análisis recienre en el que atribuye el deterioro reciente a 'decisiones de gestión' que habrían generado 'escasez de fármacos, presión sobre hospitales y cierres de servicios'. El reportaje sostiene que, aunque el sistema colombiano tenía problemas previos, una 'inestabilidad administrativa' reciente habría aumentado los riesgos para los pacientes y habría 'profundizado la crisis' de suministro. Para Yudy, sin embargo, la discusión sería menos técnica que personal: su hijo llevaba dos meses esperando una dosis que debía recibir cada 28 días; la última había sido aplicada en diciembre. Tras la caída, su condición se descompensó y no habría logrado recuperarse. “Yo no tenía por qué tener a mi hijo como prisionero”, dijo, insistiendo en que el tratamiento existiría precisamente para permitir que los niños con hemofilia puedan 'jugar y vivir con normalidad'. Su testimonio ha escalado el debate estructural sobre 'responsabilidad estatal, empatía institucional y acceso efectivo a medicamentos vitales'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • El Tiempo • The BMJ
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