🕒 Última actualización:
febrero 06, 2026
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por presuntamente alterar los estados financieros de la entidad entre 2019 y 2022. Según el ente acusador, las maniobras habrían permitido 'renovar' la licencia de funcionamiento y 'evitar' una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, a pesar de que la EPS registraba 'pérdidas continuas'. La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, involucra al expresidente José Fernando Cardona Uribe; al exvicepresidente Administrativo y Financiero Juan Carlos Isaza Correa; al exgerente de Contabilidad Édgar Pedraza Castellanos; y al exgerente de Cuentas Médicas Fabián Antonio Peralta Núñez. La Fiscalía sostiene que habrían presentado a la junta directiva una situación financiera “irreal”, 'alterando cuentas' de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio.
Según el reporte, durante el proceso se habrían identificado 3.419.015 facturas relacionadas con deudas a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que habrían sido ocultadas y dejadas de procesar 'deliberadamente'. Esto, según la acusación, habría permitido reportar utilidades por más de $70.000 millones de pesos y 'aparentar' el cumplimiento de obligaciones, aun cuando la EPS acumulaba pérdidas año tras año. La información supuestamente adulterada también habría sido entregada a la Superintendencia para 'evitar' una intervención y asegurar la renovación de la licencia de funcionamiento. Por estos hechos, los exdirectivos deberían responder en juicio oral por 'falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud'. A Cardona Uribe, además, se le imputó el delito de 'peculado (malversación...) por apropiación'. La audiencia preparatoria está prevista para el 23 de febrero.
El caso se conoce en medio de la crisis del sistema de salud. El Gobierno Nacional ha intervenido ocho de las 29 EPS del país por deudas crecientes, incluida la Nueva EPS, la más grande del sistema. Tras un fallo del Consejo de Estado, el Ejecutivo ha planteado la opción de 'liquidar' las intervenidas y 'permitir' el uso de recursos de la UPC (los dineros girados a las EPS para cubrir los usuarios en la salud) 'para saldar' deudas anteriores. Según representantes del sector citados en medios internacionales, el tiempo promedio de atención en urgencias habría pasado 'de 6-8 horas a cerca de 24', lo que 'agrava' el estado de los pacientes y aumentaría las hospitalizaciones. Analistas advierten que el deterioro financiero de las EPS ha derivado en 'cierres de servicios, demoras en tratamientos y mayores gastos de bolsillo para los usuarios', como se ha escalado en reportes en los últimos meses. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Consultor Salud • La Silla Vacía
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