🕒 Última actualización:
febrero 12, 2026
El Gobierno Nacional expidió el decreto 0150 el 11 de febrero de 2026, mediante el cual se declaró una nueva Emergencia económica, Social y Ecológica 'para atender' las emergencias derivadas de las lluvias en ocho departamentos del país: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La medida respondería a lo que el decreto denomina un “evento hidrometeorológico atípico”, caracterizado por 'lluvias extraordinarias' que han afectado 'de manera grave' a miles de familias, viviendas, cultivos y animales, y estaría vigente durante los próximos 30 días. El Gobierno Nacional sustentó la declaratoria en 'la gravedad e inminencia' de los impactos, un 'riesgo sistémico' en sectores como energía y salud, y una 'insuficiencia' de los mecanismos ordinarios para atender la crisis. Según el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), la Dimar (Dirección General Marítima) y la Ungrd (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres), las lluvias en enero y los primeros días de febrero ya habrían superado entre un 130 y 289 por ciento los promedios climatológicos en el Caribe, provocando 'saturación de suelos, desbordamientos de ríos y embalses' como Urrá, y obligando a evacuaciones preventivas 'para proteger' a la población civil.
Según la Ungrd, más de 252 mil personas, equivalentes a 69.235 familias, han sido afectadas, con 10 fallecidos y 3 heridos. Así mismo, se han reportado más de 11.000 viviendas dañadas y 4.000 destruidas, 'afectaciones en vías, puentes, acueductos, centros educativos y de salud', así como 87.054 hectáreas inundadas y más de 110.000 hectáreas de cultivos comprometidos, especialmente en Antioquia, Magdalena, Córdoba y Cesar. En el sector ganadero, 231.999 bovinos habrían resultado afectados, con la mayoría perteneciente a pequeños productores. El decreto también destaca 'riesgos en energía, salud y seguridad alimentaria'. Según esto, el mercado mayorista enfrentaría un 'riesgo sistémico' debido a deudas superiores a $2,5 billones, mientras que 729 centros de salud estarían 'expuestos a inundaciones', lo que comprometería la continuidad de los servicios y aumentaría 'el riesgo epidemiológico'. Además, que el programa llamado Hambre Cero no tendría la capacidad de atender 'a todas' las familias afectadas, lo que reforzaría la necesidad de 'medidas extraordinarias'.
Así las cosas, el gobierno ha definido que los decretos tributarios (impuestos...) vinculados a la emergencia tendrían un 'enfoque progresivo' (que los impuestos se aplicarían según la capacidad económica: quien tiene más recursos pagaría más y quien tiene menos pagaría menos 'o nada') y podrían modificar el impuesto al patrimonio, lo que impactaría personas y empresas con bienes superiores a $10 mil millones, aproximadamente 15 mil empresas. La declaratoria constituiría el “Plan B” del Ejecutivo, tras solicitar a la Corte Constitucional levantar la suspensión de decretos previos de diciembre de 2025 relacionados con la desfinanciación del Presupuesto General de la Nación. Finalmente, se dijo la Corte Constitucional revisaría 'de manera automática' la declaratoria y los decretos que se expidan durante la actual emergencia. Que verificaría 'la existencia de los hechos, su gravedad, la insuficiencia de los mecanismos ordinarios y la necesidad de medidas excepcionales'. La validez definitiva de la emergencia quedaría sujeta a ese control integral, como ha ocurrido en decisiones previas sobre La Guajira (entonces la Corte anuló la declaratoria) y otras emergencias. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Blu Radio • Revista Cambio
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