🕒 Última actualización:
febrero 25, 2026
El Gobierno Nacional declaró la emergencia económica y expidió los decretos 0173, 0174, 0175, 0176 y 0177 de 2026 'para enfrentar' la crisis derivada de las lluvias que golpea a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La decisión fue oficializada tras un Consejo de Ministros en Cartagena y contemplaría 'impuestos temporales, contratación directa y alivios al sector agropecuario', con un recaudo proyectado cercano a $8 billones, aunque el ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que 'podría ser insuficiente'. El Decreto 0173 crea un impuesto extraordinario al patrimonio para empresas con activos iguales o superiores a 200.000 UVT (unos $10.474 millones). La tarifa general sería del 0,5%, mientras que para sectores financiero y minero-energético sería del 1,6%, de donde se esperaría más de la mitad del recaudo. El tributo se pagaría en dos cuotas, el 1 de abril y el 4 de mayo, y estaría destinado 'a financiar proyectos de infraestructura y programas agrarios' en las zonas afectadas.
El balance oficial daría cuenta de 65 emergencias en 61 municipios de ocho departamentos, 53 de ellas por inundaciones. Más de 69.000 familias han resultado afectadas y diez personas han muerto. También se reportan 'daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, centros de salud y escuelas'; cerca de 20.000 hectáreas productivas habrían sufrido afectaciones y más de 4.100 casas quedaron destruidas. El costo estimado de la recuperación ascendería a $8 billones. Según se dijo, el Decreto 0174 agilizaría 'la compra y saneamiento' de tierras 'para reubicar' campesinos damnificados, declarando de 'utilidad pública' los predios necesarios y permitiendo 'compensaciones voluntarias' en procesos de restitución. Por su parte, el Decreto 0175 establecería 'alivios financieros' para productores rurales, incluyendo 'refinanciaciones automáticas, suspensión de cobros por seis meses' y la creación del Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria (Pada), que podría cubrir hasta el 95% del capital e intereses con un tope de $12 millones.
Según se dijo, esta misma norma habilitaría una 'contratación directa' y flexibilizaría restricciones de la Ley de Garantías, permitiendo ampliar contratos 'más allá' de los límites ordinarios, lo que ha generado debate político. Además, tras reuniones con la banca (bancos...), el Gobierno Nacional acordó medidas como 'períodos de gracia de 12 meses sin intereses, mantenimiento de la calificación crediticia y suspensión de procesos de cobro', e instó a 'reducir tasas' para créditos de economía popular. Finalmente, el Decreto 0176 garantizaría continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con raciones para preparar en casa si se suspenden clases presenciales, mientras que el 0177 obligaría a generadoras hidroeléctricas y térmicas a transferir un 2% adicional de sus ventas durante seis meses. Gremios como la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) consideraron que el incremento podría trasladarse a los usuarios y 'generar impactos estructurales' en el sector eléctrico. La controversia persiste.
A propósito de 'economía popular', hace unas horas la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del gobierno, que creaban un modelo especial de contratación pública con actores de esta economía. Las normas permitían contratos directos de mínima cuantía y la creación de Asociaciones Público Populares para ejecutar proyectos de infraestructura social, vivienda y vías, entre otros, incluso con aportes comunitarios. La demanda argumentaba 'falta de unidad de materia, ambigüedad en los conceptos y posibles afectaciones' a la libre competencia. Aunque la Procuraduría General de la Nación pidió mantenerlas, la Sala Plena decidió retirarlas del ordenamiento jurídico. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Colombiano • TeleSUR • El Heraldo
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