🕒 Última actualización:
febrero 13, 2026
La recolección de firmas para inscribir candidaturas presidenciales independientes, un requisito para los grupos significativos de ciudadanos que quieren competir en las elecciones de 2026, habría quedado en el centro del debate público tras denuncias sobre posibles irregularidades. La polémica escaló luego de que la periodista Cecilia Orozco asegurara que el 62% de los 5 millones de firmas entregadas por el candidato Abelardo de la Espriella presuntamente 'no fue avalado', lo que habría avivado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Las afirmaciones provocaron reacciones inmediatas en el escenario político. La senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) habló de un “fraude en toda regla” y citó otras denuncias contra el candidato, mientras que el precandidato Juan Fernando Cristo catalogó como 'grave' que un aspirante llegue a la contienda en medio de señalamientos 'por trampas' en la inscripción.
En respuesta, la Registraduría Nacional confirmó que sí se habrían detectado 'incidencias' en la revisión de firmas de varios aspirantes, como 'datos ilegibles, inconsistencias con el Archivo Nacional de Identificación y apoyos de personas que no aparecen en el censo electoral'. Sin embargo, que de los 22 grupos que presentaron firmas, solo en dos se habrían identificado 'presuntos fraudes o delitos': los liderados por Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao. Ambos casos ya habrían sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. La entidad recordó además que cada comité debía entregar mínimo 635.216 firmas válidas, equivalentes al 3% de los votos de la primera vuelta presidencial de 2022. Finalmente, mencionó que la orientación política de los ciudadanos sería 'un derecho fundamental' y que la información de los firmantes solo podría utilizarse 'para verificar apoyos', por lo que no podría hacerse pública, como 'garantía de privacidad y transparencia electoral'.
En otra controversia, en plena escalada, David Murcia Guzmán, condenado por captación ilícita con la pirámide DMG, denunció en El Reporte Coronell y ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial que De la Espriella presuntamente le pidió $760 millones para “tocar congresistas” y favorecer la oposición a una ley clave para DMG (una ley que regulaba el transporte de dinero en efectivo), no habría devuelto aproximadamente $5.000 millones en honorarios tras renunciar a su defensa y supuestamente 'vulneró deberes profesionales como lealtad, diligencia, ética y confidencialidad'. Según el reporte, grabaciones, obtenidas durante la investigación de la pirámide financiera y que harían parte de un expediente 'de miles de horas', registrarían conversaciones internas donde se menciona el monto y la autorización del desembolso, lo que respaldaría la versión de Murcia. Además, que parte del dinero habría sido usado para presunto lobby en el Congreso (la actividad de influir en decisiones públicas 'para favorecer intereses') y que De la Espriella realizó declaraciones públicas en su contra, 'violando la confianza' de la relación abogado-cliente. Murcia, que cumple más de 20 años de prisión por lavado de activos y captación masiva ilegal de dinero, dijo que temería 'por su seguridad y la de su familia', y expertos legales debaten si las denuncias prescriben (se extinguen...) o podrían acarrear consecuencias jurídicas, mientras continúa el proceso de liquidación judicial de DMG para devolver fondos a las víctimas de esta estafa que habría afectado a más de 200.000 personas. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Tiempo • Caracol Radio • Revista Cambio • Infobae • El País (Cali) • El Reporte Coronell
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