🕒 Última actualización:
febrero 24, 2026
Las autoridades anunciaron una ofensiva contra un entramado ilegal conocido como “Los Brujos” en El Espinal, municipio que en los últimos años habría visto afectada 'su tranquilidad' por la presencia de estructuras señaladas de presuntamente estar vinculadas a 'economías ilícitas y hechos de violencia'. Y es que lo que antes era reconocido por una tradición arrocera y cultural habría comenzado a figurar en reportes de seguridad por 'homicidios selectivos y episodios de sicariato'. Según el gobierno departamental, detrás de esto habría redes que operarían bajo fachadas aparentemente legales para 'encubrir actividades ilícitas', entre ellas presunto 'lavado de activos y otras economías ilegales'. No obstante, en lo corrido de 2026 solo se ha registrado un caso de sicariato en el municipio, una reducción frente a periodos anteriores que las autoridades atribuyen a acciones coordinadas de prevención y control.
La gobernadora de Tolima Adriana Magali Matiz refirió que se trataría de un 'problema delicado' y confirmó que habría solicitado a la Fiscalía General de la Nación la designación de un fiscal especializado 'para avanzar' en las investigaciones. También destacó un 'trabajo conjunto' con la Policía, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y los organismos judiciales como parte de una 'estrategia integral'. Y es que, de acuerdo con indagaciones preliminares, la estructura operaría centros de atención telefónica que ofrecerían servicios esotéricos (saberes, creencias y prácticas ocultas o reservadas...) y, presuntamente, usarían la información de los clientes 'para extorsionarlos'. Las pesquisas pretenderían establecer si también estarían involucrados en microtráfico, estafas relacionadas con trámites migratorios y ofertas fraudulentas de visas, con posible expansión hacia otros municipios de Tolima, mientras continúa la intervención estatal para frenar su impacto en la región. Este reporte continúa en desarrollo.
En otro caso controversial, a propósito de migración, un escándalo judicial internacional salpicaría a Ibagué luego de que autoridades de Estados Unidos revelaran una acusación formal contra cuatro ibaguereños señalados de presuntamente liderar un 'esquema de fraude electrónico, suplantación de funcionarios y lavado de dinero' mediante un falso bufete de abogados de inmigración. La acusación fue presentada en el Distrito Este de Nueva York e involucra a Daniela Alejandra Sánchez Ramírez (25), Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez (29), Alexandra Patricia Sánchez Ramírez (38) y Marlyn Yulitza Salazar Pineda (24), todos originarios de Ibagué y residentes en Nueva Jersey. De acuerdo con las autoridades federales, los hermanos Daniela, Jhoan y Alexandra Sánchez Ramírez habrían sido capturados en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando intentaban viajar a Colombia con tiquetes de solo ida, mientras que Marlyn Salazar habría sido arrestada en un restaurante en Nueva Jersey. Un quinto implicado permanecería prófugo. La investigación señala que el grupo habría creado el despacho “CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria” para 'captar víctimas', principalmente a través de Facebook, ofreciendo supuestos servicios legales en procesos migratorios.
Según la acusación, ninguno de los implicados tenía licencia para ejercer como abogado en Estados Unidos, a pesar de cobrar honorarios 'de cientos o miles de dólares'. Tras recibir el dinero, enviaban documentos falsificados con logos oficiales y realizaban audiencias migratorias simuladas por videoconferencia, 'haciéndose pasar por jueces, agentes federales y abogados', utilizando togas, uniformes y escenografías con sellos y banderas oficiales. En algunos casos, habrían informado que los trámites supuestamente habrían sido aprobados, lo que habría llevado a que víctimas no asistieran a audiencias reales e incluso que al menos una persona recibiera una orden de deportación que luego debió ser revocada al descubrirse el fraude. La investigación habría identificado más de 100.000 dólares en transacciones enviadas por las víctimas, dinero que presuntamente era transferido hacia Colombia. El fiscal federal Joseph Nocella afirmó que los acusados habrían 'socavado la integridad' del sistema migratorio al 'aprovecharse de personas en situaciones vulnerables'. Los cuatro capturados deberán comparecer ante un tribunal federal en Brooklyn y enfrentan cargos por 'conspiración de fraude electrónico, fraude electrónico, lavado de dinero y suplantación de funcionarios', delitos que podrían llevar a penas de hasta 20 años de prisión si son declarados culpables. Se trata de acusaciones formales, aunque los procesados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en juicio. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: Blu Radio • El Irreverente
Te informamos con la mayor confianza. Algunas noticias podrían ser actualizadas unas cuantas veces para ofrecerte lo más reciente. Si quieres algo más actualizado, visita nuestro Canal de WhatsApp o nuestra página En Vivo. (alert-success)
