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Ricardo Roa y Juliana Guerrero, a imputación de la Fiscalía por campaña Petro Presidente y por los títulos de la Fundación San José, respectivamente

El Alertado
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🕒 Última actualización: febrero 10, 2026

La Fiscalía anunció que imputará cargos a Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y actual presidente de Ecopetrol, por presunta 'violación de topes de financiación electoral y tráfico de influencias'. La investigación se centra en el manejo de los recursos de la campaña del Pacto Histórico y en una contratación en Ecopetrol que habría favorecido a Juan Guillermo Mancera, quien tuvo negocios previos con Roa. por presunto tráfico de influencias a favor de Juan Guillermo Mancera en la contratación del multimillonario negocio de regasificación en el Caribe con una empresa vinculada a él. Mancera, amigo de Roa y socio de un empresario influyente en la petrolera, nunca había desarrollado un proyecto de este tipo, pero recibió el contrato que podría generar hasta 1.400 millones de dólares al año. El ente acusador sostiene que la imputación se relacionaría con un 'exceso' de gastos electorales y con supuestas 'gestiones indebidas' en un negocio millonario de regasificación de gas en el Caribe vinculado a una empresa relacionada con Mancera.

El caso tiene como antecedente la sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE), que determinó que la campaña de Petro habría superado los topes 'en más de $3.000 millones' y habría 'ocultado' cerca de $3.700 millones adicionales, además de recibir 'aportes prohibidos'. Por esos hechos, el CNE impuso multas por más de $5.900 millones a Roa, a la auditora María Lucy Soto y a la tesorera Lucy Mogollón, así como sanciones a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. La polémica ha generado reacciones políticas que han pedido la salida de Roa de Ecopetrol. El exministro y precandidato Juan Fernando Cristo afirmó que su permanencia sería “dañina”, postura a la que se sumaron dirigentes como Jorge Enrique Robledo y Enrique Gómez. El proceso se sumaría a denuncias internas y periodísticas que desde hace más de dos años afectarían la reputación de la petrolera estatal. La Fiscalía programó para el 11 de marzo la audiencia de imputación de cargos contra Roa. Su defensa afirma 'tener pruebas' que pretenderían 'demostrar su inocencia'. El sindicato USO (Unión Sindical Obrera, sindicato de trabajadores de Ecopetrol) destacó que la presunción de inocencia y la estabilidad de la empresa deberían 'ser respetadas'. Este reporte continúa en desarrollo.

En otra decisión reciente, la Fiscalía General imputó cargos a Juliana Guerrero, exfuncionaria cercana al Presidente Gustavo Petro, por 'falsedad' en sus títulos universitarios obtenidos en la Fundación San José. El ente acusador la señala por 'fraude procesal y falsedad ideológica en documento público', y solicitó prisión domiciliaria preventiva. El proceso también incluiría a un exdirectivo de la institución que habría facilitado los títulos 'sin cumplir requisitos académicos'. La Fiscalía citó para el 27 de febrero la audiencia de imputación de cargos contra Guerrero y también contra Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la San José. Semanas atrás, la Fundación San José abrió investigación interna, destituyó a Gutiérrez y su equipo, y entregó a la Fiscalía los resultados preliminares de la auditoría, que harán parte de la imputación.

El caso estalló tras denuncias que indicaban que Guerrero 'no presentó el examen Saber Pro ni asistió a clases' necesarias para graduarse, situación que llevó a retirar su postulación como viceministra de Juventud, aunque mantendría vínculos con el gobierno. La investigación abrió un debate más amplio sobre presuntas irregularidades sistemáticas en esa universidad. Según denuncias de la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), al menos 24 funcionarios y contratistas del Estado habrían recibido títulos en condiciones similares, algunos sin presentar el Saber Pro o haciéndolo después de graduarse, lo que invalidaría los diplomas. Varios de ellos habrían sido contratados gracias a esos títulos, lo que podría implicar 'detrimento patrimonial' superior a $1.100 millones. Entidades de control ya revisan el caso y el Ministerio de Educación evalúa si la institución cumple los estándares exigidos. Los reportes continúan en desarrollo.

Vía: DW • AFP • Revista Semana • La Silla Vacía • El País
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