🕒 Última actualización:
marzo 29, 2026
Una mujer denunció que el senador y exgobernador de Casanare, Alirio Barrera (Centro Democrático) presuntamente la acosó sexualmente en 2016 cuando ella trabajaba en la gobernación. La presunta víctima mantiene su identidad bajo reserva, habría interpuesto una denuncia penal y habría compartido su testimonio con Revista Cambio. En su relato, la mujer describe que Barrera la habría tomado de la mano 'con fuerza', la acercó hacia él y 'la besó sin su consentimiento'. Según se dijo, no habría podido gritar, solo 'hizo sonidos' para mostrar que no quería la situación. Al cuestionarlo, él no habría respondido y posteriormente le habría entregado 400.000 pesos mientras ella explicaba que había ido a gestionar ayudas para la Iglesia. El equipo de Barrera sostiene que se trata de un supuesto 'ataque político' y que la denuncia estaría 'en etapa inicial, sin acusación formal ni pruebas que respalden el testimonio'. Señalan que Jorge Enrique Ortiz, alias Segurito, habría sido quien radicó la denuncia inicialmente. Ortiz trabajó con Barrera durante su candidatura a la gobernación de Casanare, pero luego se distanció por 'diferencias políticas'.
La acusación presentada por Ortiz se enmarca en este conflicto político, aunque la denunciante habría confirmado que el testimonio es verídico. El equipo de Barrera ha usado esto para argumentar que la denuncia tiene un 'trasfondo político'. La víctima aseguró al medio citado que sabía que el respaldo de Ortiz podría generar 'comentarios' y que el senador alegaría un 'ataque político', pero insistió en que diría 'la verdad' y que no habría hecho público el caso 'antes de las elecciones'. El caso se da en una semana marcada por múltiples testimonios de presunto acoso sexual en Colombia, incluidos medios de comunicación. Hoy, la dirección del diario El Espectador pidió 'perdón' por casos de acoso y violencia contra mujeres en su redacción, tras denuncias de Pilar Cuartas, exeditora de Género de ese medio. El periódico admitió relatos “escalofriantes, dolorosos y abrumadores” de mujeres que habrían sufrido acoso laboral y dijo reconocer 'fallas' en los protocolos de atención. Además, habilitó un correo electrónico 'para recibir denuncias' y se comprometió a tener 'cero tolerancia' frente a conductas violentas. Todo estalló en Caracol TV, donde se reportaron presuntos casos de acoso sexual por parte de los periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego; ambos ya salieron de sus cargos, y Catalina Botero Marino lideraría una comisión independiente que investigaría los hechos. En Rtvc, aumentó la presión política para que renunciara Hollman Morris (su gerente), luego de que la Fiscalía ordenara cambiar el enfoque del juicio contra Lina Castillo, exfuncionaria del Concejo de Bogotá que lo señaló de acoso sexual en 2019.
En Colombia, las denuncias por acoso sexual y violencia de género han salido del silencio y se han multiplicado en medios de comunicación y espacios públicos, exponiendo nombres reconocidos y trayectorias consolidadas. Casos como los de Vargas y Orrego, así como las acusaciones contra Morris, evidenciarían cómo estas prácticas habrían sido 'toleradas' durante años, 'protegidas' por entornos laborales y estructuras de poder que priorizarían 'la reputación' sobre la seguridad de las víctimas. Según la Defensoría del Pueblo, seis de cada diez mujeres periodistas han sufrido violencia de género en sus espacios de trabajo, y la mayoría conocería casos de agresión realizados por personas en 'posiciones de poder'. La Defensoría del Pueblo, junto con gremios como el Colegio Nacional de Periodistas, advierte que el problema sería 'estructural' y requeriría una 'respuesta integral que garantice entornos laborales seguros y justicia' con enfoque de género. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Revista Cambio • Infobae • El Heraldo
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