🕒 Última actualización:
marzo 27, 2026
La Contraloría General de la República habría puesto 'bajo la lupa' los 18 decretos emitidos por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 0150 de 2026), hablando de una presunta 'improvisación y falta de capacidad técnica' que podrían generar 'altos costos' para el país en medio de la crisis climática. Uno de los puntos centrales sería la creación de nuevos impuestos, como los aplicados al patrimonio y a los juegos de azar en línea, con los que se pretendería recaudar hasta $8,68 billones. La Contraloría solicitó 'fortalecer' la capacidad operativa de la Dian 'para asegurar' este recaudo y garantizar que los recursos se destinen 'de manera exclusiva' a atender las afectaciones en los ocho departamentos en mayor emergencia. El ente de control también cuestionó la capacidad de ejecución del Estado, señalando que no bastaría con 'ampliar facultades' de contratación o crear tributos si entidades como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), el Invías y los ministerios 'no mejoran' su capacidad de inversión y gestión.
Otra preocupación referida sería la transferencia de recursos del sector eléctrico hacia la Ungrd. La Contraloría consideró necesario 'revisar' esta decisión, ya que la entidad no tendría 'la experiencia ni la estructura' para ejecutar obras de infraestructura eléctrica 'de alta complejidad'. En el frente energético, se advirtió un 'riesgo macroeconómico', pues modificar 'sin rigor técnico' las reglas de operación de los embalses hidroeléctricos podría generar 'incumplimientos contractuales, afectar tarifas de energía y provocar inseguridad jurídica', debilitando la confianza de los inversionistas. Finalmente, instó al gobierno a establecer 'mecanismos de reembolso' para no afectar programas en curso y a 'fortalecer los controles' en la entrega de ayudas, evitando duplicidades. Además, reiteró la necesidad de aplicar los principios de prevención de la Ley 1523 de 2012 y anunció un 'control fiscal estricto' que sería 'para proteger' los recursos públicos. Este reporte continúa en desarrollo.
A propósito, más recientemente se reportó que el expresidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes (2016-2017), pidió al tribunal 'tumbar' el decreto que declaró la última emergencia económica por la temporada de lluvias, argumentando que los estados de excepción 'no deben usarse de manera excesiva', que los decretos presuntamente 'exceden la emergencia' al abordar causas estructurales y que 'no se sustenta la urgencia ni la insuficiencia' de los mecanismos ordinarios. Sus argumentos coinciden con los de la Procuraduría y la Contraloría, que también cuestionaron la estructura de los decretos y limitaron la justificación válida solamente al argumento del gobierno de la crisis de financiación del sistema de salud. Entre enero y marzo, el gobierno expidió 18 decretos relacionados con atención inmediata, suspensión de cobros de energía y reconstrucción, varios de los cuales retomarían medidas de la Reforma Tributaria que no prosperó en el Congreso.
A propósito de la emergencia, recientemente también la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la ministra (e) de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, por presuntas fallas en el control del embalse de la hidroeléctrica Urrá, cuya 'gestión inadecuada' habría escalado la emergencia de las inundaciones en Córdoba y habría afectado a más de 169 mil personas; se le señala por 'no actualizar' los niveles del embalse 'a tiempo' y por actuar 'de manera tardía' frente a 'incumplimientos sistemáticos', mientras que la Anla defendió su actuación, destacando sanciones previas, aunque otros funcionarios y directivos de Urrá también serán investigados. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: El Nuevo Siglo • La Silla Vacía
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