🕒 Última actualización:
marzo 01, 2026
La Alcaldía de Ibagué habría adjudicado más de $15.000 millones en contratos de vivienda a dos consorcios que compartirían el mismo representante legal, Jaime Iván Romero Santofimio, y las mismas empresas integrantes, lo que ha generado cuestionamientos sobre 'la transparencia' en la contratación pública. Los contratos se relacionarían con la construcción de 158 viviendas de interés prioritario (VIP) en la Urbanización El Reposo y el mejoramiento de vivienda urbana, en procesos desarrollados casi simultáneamente. Aunque la licitación del proyecto de mejoramiento de vivienda estaba dividida en dos zonas, en lo que pretendería 'garantizar pluralidad de oferentes', ambas habrían terminado adjudicadas al mismo consorcio. Las estructuras empresariales involucradas están conformadas principalmente por Proyinco SAS y Constructora L&E SAS, con participación menor de Construcciones Civiles e Interventorías R&O SAS. Adicionalmente, se ha reportado que hasta el momento la alcaldía no contaría con los permisos de construcción expedidos por la Curaduría Urbana para el proyecto en El Reposo, lo que podría generar 'riesgos jurídicos y financieros', según El Cronista. Aunque la coincidencia de representantes y empresas no sería ilegal, se informó que el hecho de que un mismo grupo empresarial concentre tres adjudicaciones simultáneas plantearía interrogantes sobre si las adjudicaciones obedecen a criterios técnicos objetivos o a un posible favorecimiento durante la actual administración.
En otra controversia reciente, el concejal de Ibagué, Andrés Zambrano (Alianza Verde), denunció que la alcaldía presuntamente estaría usando la contratación por prestación de servicios como un 'mecanismo de presión política' de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo. Según Zambrano, la administración habría suscrito 2.250 contratos por más de $53.000 millones, de los cuales el 97% tendrían duración de solo cuatro meses, lo que 'facilitaría influir' en el comportamiento electoral de los contratistas. Zambrano explicó que, al incluir contratos de 'arrendamiento, comodato y otras modalidades', el total alcanzaría $62.500 millones. En ese sentido, criticó que los contratistas, en lugar de 'cumplir con sus funciones para la ciudad', supuestamente estarían siendo utilizados 'para asistir a reuniones políticas, movilizar votantes y cumplir cuotas de votos' a favor de candidatos apoyados por la alcaldía. El cabildante calificó esta situación como un presunto 'constreñimiento electoral' con 'instrumentalización' del erario público (los recursos...) para 'condicionar' a los contratistas, precarizando sus vínculos laborales y 'priorizando intereses políticos privados' sobre 'las necesidades de la ciudadanía'. Señaló que la estrategia convertiría recursos públicos en una herramienta 'para ejercer presión y manipular' la participación electoral.
Y en otras denuncias recientes, Cambio In reportó que se señalarían posibles irregularidades en la Secretaría de Infraestructura de Ibagué, donde el abogado Luis Felipe Aranzalez Bravo, contratado para gestionar y evaluar procesos de licitación, supuestamente habría 'favorecido' a ingenieros que previamente 'fueron sus clientes'. La situación habría escalado una inquietud sobre conflictos de interés, especialmente en contratos de alto valor como la obra del Parque Centenario y la Cancha Marte, donde se habrían limitado los participantes y adjudicado contratos a beneficiarios 'vinculados con Aranzalez'. El cuestionamiento se centraría en que Aranzalez prepararía los pliegos y respondería observaciones, pero que también 'recomienda' adjudicatarios, funciones que normalmente corresponderían al equipo técnico interno de la Secretaría. También, que este patrón se repitiría con 'varios contratistas', con presuntas 'ventajas' para ciertos participantes, lo que, según se dijo, ha llevado a que firmas externas 'eviten presentar' ofertas. En ese sentido, que la alcaldesa Johana Aranda y el secretario de Infraestructura Matheus Saavedra deberían explicar 'la justificación jurídica' de tercerizar (delegar funciones que normalmente realiza personal interno a un contratista externo), la gestión de posibles conflictos de interés y la habilitación de perfiles que aparentemente no cumplirían los requisitos; todo en un contexto de incremento presupuestal y expansión de la nómina. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Cronista • CambioIn
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