🕒 Última actualización:
marzo 02, 2026
Cinco exintegrantes del último secretariado de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo, habrían reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el 'reclutamiento forzado de niños y niñas, torturas y violencias sexuales' cometidas dentro de la extinta guerrilla. En un video presentado ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, aseguraron pedir 'perdón' a las víctimas 'y a la sociedad colombiana' por los crímenes. El caso, conocido como Caso 07, investiga el reclutamiento y utilización de menores por parte de la guerrilla desde 1971 hasta 2016. La JEP documentó un total de 18.677 víctimas, pero el Estado colombiano solo había adelantado 387 investigaciones y emitido 45 sentencias, cinco de ellas absolutorias, lo que indicaría esta violencia ha permanecido, en gran medida, invisible durante décadas. Los crímenes reconocidos incluyen cinco 'patrones macrocriminales': reclutamiento de menores, incluso de niños y niñas menores de 15 años; malos tratos, torturas y homicidios dentro de las filas; violencias reproductivas especialmente contra niñas; violencias sexuales; y agresiones basadas en prejuicios hacia menores con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.
Más de 11.000 víctimas estarían acreditadas individualmente, incluidas 2.000 personas que habrían sido reclutadas siendo niños o niñas y hoy son adultas. Además, 9.027 víctimas pertenecerían a seis colectivos étnicos: los pueblos indígenas koreguaje, hitnü, barí, sikuani y cubeo, y la comunidad afrocolombiana representada por Consafro. Para estos pueblos, el reclutamiento habría constituido una 'violación de derechos', pero también habría 'agravado el riesgo' de extinción 'física y cultural'. Actualmente, la JEP, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), buscaría a 485 niños y niñas reclutados que nunca habrían regresado a sus hogares. Próximamente, la Sala determinaría la máxima responsabilidad individual de otros comparecientes que ejercieron mandos regionales en las estructuras territoriales de las Farc-EP, quienes podrían unirse al proceso restaurativo y profundizar en el entendimiento regional de las afectaciones. El Caso 07 es considerado uno de los más complejos de la JEP pot la diversidad de actores y comunidades afectadas. Su desarrollo pretendería 'reconocer la verdad, ofrecer justicia restaurativa a las víctimas y garantizar memoria histórica' sobre el impacto del conflicto armado en la infancia y la diversidad étnica y cultural de Colombia.
Y en otras cosas, a propósito de las Farc, recientemente un juzgado penal especializado de Antioquia condenó a Luciano Marín Arango, conocido como alias Iván Márquez, a 37 años de prisión por 'homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado'. La sentencia se habría basado en pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación sobre hechos ocurridos en la zona rural de Turbo, Antioquia, en 1997, cuando Márquez integraba el secretariado de las extintas Farc-EP y lideraba el Bloque Noroccidental. El 2 de julio de 1997, cuatro integrantes de la Brigada XVII del Ejército Nacional habrían sido asesinados tras un enfrentamiento con los frentes 5, 18, 57 y 58 de las Farc. Inicialmente resultaron heridos el capitán Carlos Enrique Vidal y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz, quienes eran atendidos por el enfermero de combate Fabio Pineda Serna. Hombres armados habrían secuestrado a cinco uniformados y luego habrían asesinado a los tres heridos y al enfermero, mientras que el sargento Pedro José Guarnizo Ovalle permaneció en cautiverio hasta su rescate en 2003. La Fiscalía indicó que estos hechos habrían obedecido a 'directrices' de Iván Márquez para 'ejecutar homicidios y secuestros con fines extorsivos' contra la fuerza pública. La investigación estuvo a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien estableció responsabilidad penal por crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Sin embargo, la efectividad de la sentencia queda en duda debido al desconocimiento del paradero actual de 'Márquez'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • MiOriente
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