🕒 Última actualización:
marzo 23, 2026
El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $1.000 millones por información que lleve a ubicar a alias Genaro, señalado como cabecilla del ELN y quien sería responsable de un bloqueo armado en el municipio de Bajo Baudó, en el departamento de Chocó. La medida responde a una crisis humanitaria que se mantiene desde el 17 de marzo. El paro armado fue declarado entonces, y de manera indefinida, por el ELN, a través del Frente de Guerra Occidental, convirtiéndose en el primer paro armado de este grupo en 2026. Desde su inicio, se habría restringido 'de manera completa' la movilidad en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, afectando corredores esenciales para el transporte y abastecimiento en esta región del Pacífico. La situación habría dejado al menos 6.315 personas confinadas en 26 comunidades, sin posibilidad de movilizarse ni acceder con normalidad a alimentos, servicios de salud o actividades básicas. Días antes del inicio del paro, el ELN también habría atacado la estación de Policía de Santa Rita, lo que habría evidenciado una nueva escalada de la confrontación armada en la zona.
La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informaba que se habrían activado consejos de seguridad con la Fuerza Pública y el Ministerio Público 'para atender' la emergencia. Además, advirtió sobre un riesgo de una 'mayor escalada de violencia' por la presencia de otros grupos armados ilegales en disputa por el territorio. Y es que el ELN justificó el paro señalando 'la expansión' del Clan del Golfo en la región y afirmó que la restricción pretendería 'evitar enfrentamientos' o “confusiones” en los ríos. Sin embargo, las autoridades sostienen que estas acciones constituirían 'violaciones graves' al derecho internacional humanitario al afectar 'de manera directa' la población civil. Ante el agravamiento de la crisis, el Gobierno Nacional habría 'desplegado operativos militares, reforzado la seguridad en los corredores fluviales y avanzado en la entrega' de ayudas humanitarias. En medio de la situación, persistían 'el desabastecimiento, los desplazamientos internos y la parálisis de actividades económicas', lo que convertiría este episodio en uno de los más críticos en materia de orden público en el Chocó en lo que va del año.
Después de seis días, este lunes, 23 de marzo, se reportó que el paro armado habría sido levantado, según la Defensoría del Pueblo. No obstante, la gobernadora denunció 'amenazas' en su contra, luego de que el grupo dijera que: “La gobernadora del Chocó no puede guardar silencio frente a lo que está pasando”. La mandataria calificó los señalamientos del grupo como 'difamación'. Y es que el ELN ha argumentado en otros 'paros' que habría 'responsabilidad del Estado o de las autoridades' por lo que ocurre en el territorio (por ejemplo, por presencia de otros grupos o por la crisis humanitaria). Mientras, la Defensoría dijo 'rechazar' estos hechos y reiteró un llamado 'a respetar' el derecho internacional humanitario, pues “el territorio no les pertenece”. Aunque el ELN levantó el paro, autoridades locales advirtieron que el principal impacto habría sido un 'desabastecimiento total', en un contexto donde estos confinamientos han sido recurrentes en la región en los últimos años. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Heraldo • La Silla Vacía • El País
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