🕒 Última actualización:
marzo 17, 2026
Carlos Eduardo Perdomo, deportista local de disco volador (Ultimate) y miembro del club Uro Monster, fue asesinado el sábado en la Plaza de la 21, en el barrio La Estación de Ibagué. Según las autoridades, el altercado habría comenzado por una discusión relacionada con una deuda económica y derivó en un ataque con arma blanca que dejó gravemente herido a Perdomo. Fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente falleció. Tras el incidente, la Policía Metropolitana capturó a Paulo Andrés Osorio, implicado en el hecho, quien fue imputado por homicidio. Sin embargo, horas después se le dictó medida de aseguramiento domiciliaria, lo que generó 'rechazo' en la comunidad y entre integrantes del ámbito deportivo, quienes reclamaron 'justicia' por la muerte del joven. Mientras tanto, cercanos lo despidieron hoy en el Parque Memorial Los Olivos. El abogado y exfiscal Luis Alberto Barros, defensor de la familia de Perdomo, cuestionó en La Voz del Pueblo la decisión de la Fiscalía y del juez de conceder detención domiciliaria al presunto homicida.
Barros señaló que la Fiscalía presuntamente 'no profundizó' en las circunstancias de mayor punibilidad por el uso del arma blanca, a pesar de 'la gravedad' del hecho, y manifestó 'sorpresa' por la medida adoptada. Barros agregó que el Fiscal no habría imputó el agravante del uso de un arma blanca durante la audiencia. El abogado interpuso recurso de apelación contra la detención domiciliaria, considerando que se trataría de un 'homicidio agravado'. Además, refirió 'preocupación' de que Osorio 'pueda evadir' la medida y 'huir' de la ciudad. Además que, según el video presentado como evidencia, Paulo Andrés Osorio habría atacado a Perdomo 'de manera sorpresiva e indefensa', motivado por 'algo insignificante': la recolección de un pago de aproximadamente $100.000 en su labor como mensajero. Según se reportó, el agresor habría utilizado un cuchillo 'de gran tamaño' destinado a cortar carne en la carnicería donde trabajaba, y el ataque resultó mortal. La captura fue legalizada en flagrancia y se presentaron testimonios y videos como prueba. Finalmente, Barros señaló que el recurso de apelación sería revisado por los jueces Penales del Circuito en Ibagué. Mientras tanto, la defensa insiste en que se revise la medida impuesta al procesado, argumentando que existirían 'elementos suficientes' para establecer 'peligro para la comunidad y riesgo de no comparecencia' del hombre. Este reporte continúa en desarrollo.
A propósito de hechos de violencia, y cuando el foco de la seguridad en Ibagué escala, se cumplió un debate de control político al secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín.Aunque el funcionario habría presentado acciones como 'recuperación de 245 cámaras de seguridad, instalación de cerca de 250 cámaras adicionales en kits comunitarios y operativos en distintas zonas', concejales cuestionaron una 'falta de resultados tangibles' y una 'percepción ciudadana de inseguridad'. Con cerca de 20 homicidios registrados en lo que va de 2026 y un contexto de recorte presupuestal de $4 mil millones y reducción de personal de 12 a 4 funcionarios, se señaló que la gestión seguiría siendo 'reactiva' y con 'limitaciones en prevención', especialmente en casos que involucran menores de edad. Espín defendió su gestión basándose en cifras oficiales, pero no habría convencido al Concejo, con un balance intermedio. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: La Voz del Pueblo • Ecos del Combeima
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