🕒 Última actualización:
marzo 22, 2026
Revista Semana reportó presuntas 'presiones, amenazas y sobornos' a militares que han confesado ejecuciones extrajudiciales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en lo que pretendería 'evitar' que altos mandos sean implicados en los llamados “falsos positivos”. Según testimonios y audios referidos por el medio citado, existiría una supuesta “operación mordaza” para frenar la revelación de responsabilidades en los crímenes, en los que civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate durante el conflicto armado. Uno de los casos destacados sería el de un exsoldado que habría admitido haber participado en al menos 20 homicidios bajo órdenes de superiores que 'exigían resultados' medidos en número de bajas. Tras declarar ante la JEP, aseguró haber recibido una oferta cercana a los $20 millones 'para asumir' la responsabilidad individual 'sin involucrar' a sus comandantes, acompañada de 'mensajes intimidantes'. Otros militares también reportaron presiones similares, incluyendo 'amenazas' sobre su situación pensional 'si continuaban colaborando' con la justicia transicional.
Además de los ofrecimientos económicos, algunos comparecientes supuestamente habrían recibido propuestas 'para financiar' emprendimientos o negocios 'a cambio de guardar silencio'. A pesar de esto, que varios habrían rechazado los incentivos y continuarían colaborando con la JEP, enfrentando un contexto de 'hostigamiento, amenazas y atentados' que escalaría un 'temor a declarar'. La abogada Tania Parra consideró que la verdad sobre los falsos positivos podría 'estar en riesgo' debido a esta 'estrategia de intimidación', lo que limitaría la disposición de los testigos 'a aportar información completa'. Entre los casos más graves figuraría el del mayor retirado Daladier Rivera, quien habría admitido su participación en 63 ejecuciones extrajudiciales y habría recibido amenazas constantes, incluyendo un atentado en el que murió un familiar. El macrocaso 03 de la JEP, que investiga estos crímenes, cuenta con más de 4.600 víctimas acreditadas y cientos de comparecientes. Las revelaciones reabrirían el debate sobre 'la verdad, justicia y reparación' en Colombia, poniendo de relieve los desafíos de garantizar seguridad a quienes deciden contar lo ocurrido (y las responsabilidades) en el conflicto armado. Este reporte está en desarrollo.
A propósito de la JEP, esta tiene un mandato constitucional de 15 años, de los cuales ya han transcurrido ocho, y, a propósito, su presidente, Alejandro Ramelli, dijo hace unas horas que consideraba que una prórroga de cinco años prevista por la ley sería 'necesaria' para culminar las investigaciones pendientes. Ramelli explicó que las críticas políticas hacia la JEP suelen surgir 'del desconocimiento' de su modelo de justicia, que se enfoca en los máximos responsables y 'busca la verdad y la reconciliación', en lugar de imponer penas elevadas únicamente a los autores materiales de los crímenes. El magistrado agregó que la 'polarización política' influiría en la percepción de la JEP, ya que quienes cuestionan su legitimidad 'a menudo' lo harían desde posiciones ideológicas 'sin analizar objetivamente' los resultados del tribunal. Entre las ideas más comunes estarían la creencia de que la JEP es sinónimo de 'impunidad' y que actuaría 'con sesgo ideológico'. No obstante, el reporte indicaba que ya se habrían imputado 304 máximos responsables y se habría mantenido una 'simetría' en las investigaciones tanto contra la antigua guerrilla de las Farc como contra miembros de la Fuerza Pública.
Ramelli agregó que la JEP ya contaría con 'controles judiciales robustos' y que los agentes estatales (miembros de la Fuerza Pública y funcionarios civiles implicados en crímenes del conflicto armado) recibirían 'beneficios diferenciados' avalados por la Corte Constitucional. Adicionalmente, que la mayoría de los casos de miembros de la Fuerza Pública estaban 'en la justicia penal ordinaria', y que la JEP habría remitido investigaciones a la Justicia Penal Militar por supuestos 'actos de encubrimiento'. Un eventual cierre o modificación del tribunal impactaría a las víctimas, generaría 'inseguridad jurídica', comprometería la negociación futura de grupos armados y expondría a Colombia 'a sanciones internacionales'. En cuanto a los avances concretos, la JEP ha conseguido condenas contra miembros del Secretariado de las Farc y de la Fuerza Pública, con miles de víctimas incluidas en los procesos, además de sancionar a mandos medios responsables de crímenes contra comunidades indígenas y afrodescendientes. Ramelli enfatizó que la JEP operaría 'bajo el marco del Acuerdo Final y la Constitución, garantizando un tribunal independiente e imparcial', y que el blindaje constitucional, junto con un compromiso de la sociedad colombiana con 'la paz y los derechos de las víctimas', debería 'proteger su continuidad' frente a cambios políticos. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: El Colombiano • Revista Semana • El Tiempo
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