🕒 Última actualización:
marzo 04, 2026
Vertimientos de petróleo han contaminado los cuerpos de agua en territorio del pueblo awá, un problema que se remontaría a décadas y que ahora tendría repercusiones internacionales. En las últimas horas, Caracol Radio reportó un documento del Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega, emitido en agosto de 2025, en el que se recomendaba excluir a Ecopetrol de sus inversiones y vender la totalidad de su paquete accionario, valorado en más de 7 millones de dólares, refiriendo un 'riesgo de contribución a violaciones graves de los derechos' de los pueblos indígenas. La decisión habría sido ejecutada el 26 de febrero tras una investigación sobre los impactos de las operaciones de la petrolera en los pueblos u’wa y awá. El problema habría comenzado en 1970 con la operación del Oleoducto Transandino (OTA), una tubería de 305 kilómetros que atraviesa territorios del pueblo awá, desde Putumayo hasta Tumaco, en Nariño. Operado por Cenit, filial de Ecopetrol, el oleoducto funciona bajo un Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado en 2005, considerado 'insuficiente' por organizaciones como Dejusticia, ya que no permitiría evaluar impactos acumulativos ni suspender la operación ante incumplimientos. Desde 2014, Cenit ha reportado al menos 447 derrames, muchos causados por grupos armados que habrían instalado válvulas ilegales, y los ataques a la infraestructura han aumentado en los últimos años.
Para el pueblo awá, que habita el katsa su (su territorio ancestral entre Nariño, Putumayo y hasta Ecuador), los derrames habrían devastado sus fuentes de agua y cultivos, lo que afectaría su 'salud, economía e identidad cultural'. Según Dejusticia, el crudo ha generado 'enfermedades físicas y espirituales, muerte de animales' y una imposibilidad de llevar a cabo prácticas ancestrales. Los 20 resguardos afectados, con alrededor de 26.000 personas en 160 comunidades, habrían perdido 'ceremonias, plantas medicinales y sitios considerados sagrados'. El Consejo de Ética del Fondo Noruego concluyó que, aunque los derrames habrían sido causados por terceros, Ecopetrol sería corresponsable por operar en zonas donde los ataques eran un riesgo conocido. Por ello habría recomendado su exclusión del fondo. La decisión coincidió con la sentencia T-390 de 2025 de la Corte Constitucional, que amparó los derechos del pueblo awá y ordenó 'medidas inmediatas', como 'garantizar agua potable, crear espacios de diálogo, diseñar planes de salud, recuperar ecosistemas y actualizar o revocar' el PMA del OTA, con la posibilidad de suspender definitivamente la operación del oleoducto.
Ecopetrol respondió reconociendo la evaluación del fondo como legítima, pero defendiendo 'su trayectoria' en derechos humanos. La empresa destacó su Política de Derechos Humanos desde 2009, actualizada en 2025, y las inversiones socioambientales realizadas entre 2024 y 2025 por más de $11.800 millones en Putumayo y Nariño. Además, anunció 'reuniones técnicas' con el Consejo de Ética del Fondo Noruego que serían 'para alinear' sus prácticas con estándares internacionales de inversión ética. El punto más controvertido sería 'la responsabilidad' de los daños cuando los derrames son provocados por grupos armados. Ecopetrol insiste en que los hechos derivarían de 'acciones de terceros', una posición rechazada por la Corte Constitucional y el Consejo de Ética noruego, que consideran que la empresa 'debía prevenir y mitigar' los riesgos. Mientras tanto, la situación del pueblo awá evidenciaría una necesidad de 'medidas estructurales' para proteger 'sus derechos y su territorio'. El reporte está en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • Caracol Radio
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