🕒 Última actualización:
marzo 11, 2026
El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió 'de manera provisional' el decreto 182 de 2026, expedido por el Ministerio de Salud, que pretendería 'reorganizar' el sistema mediante la territorialización de las EPS y podría implicar un 'traslado masivo' de millones de afiliados entre aseguradoras. Según se dijo, la decisión se habría tomado como 'medida cautelar urgente' mientras avanza el proceso judicial. La suspensión se dio tras una demanda presentada por el ciudadano Víctor Raúl Palacio, quien argumentó que la norma 'podría afectar intereses colectivos'. El tribunal consideró que existen 'razones suficientes' para frenar temporalmente la aplicación del decreto mientras se estudia de fondo su legalidad. El decreto establece que algunas EPS dejarían de operar en ciertos municipios si no cumplían 'requisitos mínimos' de afiliados o presencia territorial. En esos casos, el Ministerio de Salud y la Adres (administradora de recursos de la salud) podrían trasladar automáticamente a los usuarios a otras EPS autorizadas para operar en esas zonas.
Según los cálculos presentados en la demanda, el esquema implicaría el traslado de cerca de 6 millones de afiliados entre entidades. De ese total, alrededor de 2,6 millones serían asignados a Nueva EPS, actualmente intervenida por el Estado y señalada en la demanda por 'problemas financieros, falta de reportes completos y aumento de quejas y tutelas por fallas en la prestación de servicios'. En su decisión, el tribunal advirtió que trasladar un 'número elevado' de usuarios a una sola EPS 'sin verificar' su capacidad de atención podría generar 'el colapso' de la entidad y afectar 'la continuidad y oportunidad' del servicio de salud. Por eso ordenó al Ministerio abstenerse de materializar los cambios 'mientras se resuelve' el proceso. La medida se da en el marco de críticas de distintos actores del sistema. La Unión de IPS de Colombia señaló que el decreto presuntamente podría poner en riesgo a clínicas y hospitales, pues cuando una EPS reduce o retira su operación suele dejar 'deudas pendientes' que terminarían asumiendo los prestadores (los hospitales, clínicas...). Además, que trasladar afiliados a EPS intervenidas por el Estado podría aumentar 'los riesgos operativos y financieros' del sistema.
A propósito de la Nueva EPS, en otra noticia reciente la Corte Constitucional le ordenó 'garantizar el transporte intermunicipal y los viáticos' a tres pacientes (un adulto mayor con enfermedad crónica y dos menores con patologías renal y cognitiva) que habrían tenido dificultades para continuar sus tratamientos después de que la EPS 'les negara' ese apoyo para asistir a citas médicas en otro municipio. El alto tribunal revisó tres acciones de tutela presentadas por sus familias, que argumentaban una 'vulneración' del derecho a la salud al no contar con recursos para desplazarse. La Corte concluyó que el traslado desde el lugar de residencia hasta los centros médicos 'es una de las principales barreras' para acceder a los servicios de salud, por lo que 'las EPS deben abstenerse de imponer obstáculos que afecten la continuidad de los tratamientos, especialmente en pacientes con enfermedades graves'. Si bien la decisión no establece una orden general para todos los afiliados, sino que respondería a estos casos concretos, reitera la jurisprudencia que obliga a las EPS a cubrir transporte o viáticos cuando el desplazamiento sea necesario 'para garantizar el acceso' a la atención médica. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • El Espectador • Noticias RCN • El Tiempo
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