🕒 Última actualización:
abril 10, 2026
La Corte Constitucional de Colombia declaró 'inexequible' (inconstitucional...) el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había decretado el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. La decisión fue adoptada por la Sala Plena a través de la Sentencia C-075 de 2026, con una votación de 6-2 y salvamentos parciales de voto de los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal. Este decreto ya había sido suspendido provisionalmente en enero mediante una medida cautelar, por lo que el fallo de fondo ratificaría de manera definitiva su salida del ordenamiento jurídico. El Estado de Excepción había sido declarado por el gobierno para enfrentar el 'panorama fiscal complejo', marcado por el hundimiento de la Ley de Financiamiento (Reforma Tributaria...) en el Congreso, lo que habría dejado un faltante significativo en el presupuesto nacional de 2026.
A esto se sumaba una necesidad referida de 'asegurar recursos' para el sistema de salud, especialmente para cumplir con el ajuste en el pago de la UPC (Unidad de Pago por Capitación, el dinero girado a las EPS por los usuarios de la salud) a las EPS ordenado previamente, así como atender presiones de liquidez en las finanzas del Estado. Sin embargo, la Corte concluyó que estos argumentos 'no cumplían' con los requisitos constitucionales de 'imprevisibilidad, excepcionalidad y sobreviniencia' exigidos para este tipo de medidas. El alto tribunal agregó que la mayoría de las causas invocadas por el gobierno corresponden a 'problemas estructurales y previsibles', que deben resolverse 'a través de los mecanismos ordinarios' de política fiscal y legislativa, y no mediante facultades extraordinarias. Como consecuencia del fallo, el decreto quedó sin efectos jurídicos y también se caerían los impuestos y medidas adoptadas bajo su amparo, aunque persiste incertidumbre sobre la devolución de los recursos ya recaudados durante su vigencia. La decisión no afecta la nueva emergencia económica decretada en febrero por las lluvias e inundaciones en departamentos como Córdoba y otras regiones del país, pero la cual también está en estudio por parte de la Corte Constitucional.
El Presidente Gustavo Petro volvió a 'rechazar' la decisión de la Corte, mencionando que 'sí existía' una crisis fiscal derivada del hundimiento de la Reforma Tributaria y 'el aumento del endeudamiento' del país. Petro refirió que la Corte presuntamente 'se equivoca' al no reconocer que se trataba de hechos “sobrevinientes” (inesperados...) y que la decisión terminaría generando 'pérdidas' para Colombia debido 'al encarecimiento' de la deuda pública. En ese contexto, retomó sus críticas al Banco de la República, señalando que las altas tasas de interés afectarían la economía y que deberían coordinarse acciones con el Gobierno Nacional 'para reducirlas y estimular la producción y el empleo'. Petro también defendió la posibilidad de una nueva Reforma Tributaria, refiriendo en que los sectores de mayores ingresos 'deben pagar más impuestos' bajo el principio de 'progresividad fiscal' (que establece que las personas con mayor capacidad económica deberían aportar proporcionalmente más impuestos que las de menores ingresos). Según él, esto permitiría 'reducir el déficit y reactivar la economía', y anunció que volvería a presentar un tercer proyecto de Reforma Tributaria 'con ese objetivo'.
La emergencia de 2025 ya había sido suspendida provisionalmente en enero. La ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis (que fue la que declaró inexequible la emergencia) propuso 'declarar inconstitucional' todo el decreto, argumentando que la situación económica 'no cumplía con los requisitos' de ser imprevisible y excepcional, por lo que el Ejecutivo habría podido manejarla con mecanismos ordinarios. El caso también ha generado controversia por el papel de Camargo, cuya llegada a la Corte ha sido cuestionada por presuntos 'conflictos de interés, investigaciones por nombramientos a familiares de magistrados y una supuesta vigilancia a sindicalistas'. Actualmente, su elección enfrenta demandas ante el Consejo de Estado. Todo ze enmarca en un debate nacional más complejo sobre los límites del poder del gobierno, la separación de poderes y los aparentes intereses políticos de estos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Noticias RCN • La Opinión • El Tiempo • Rtvc
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