🕒 Última actualización:
abril 26, 2026
The New York Times reportó que una mina ilegal de oro conocida como “La Mandinga”, vinculada al Clan del Golfo, no solo operaría junto a una base militar, sino que también habría avanzado hasta su interior. El caso se ubica en el noroccidente de Colombia, en una zona rural del departamento de Antioquia, caracterizada por la presencia de economías ilegales y grupos armados. De acuerdo con la crónica, habría sido en una tercera visita a la zona cuando el periodista habría dimensionado el problema: la explotación minera no se limitaba a los alrededores, sino que, según los propios trabajadores, ya se realizaba dentro del perímetro del Batallón de Infantería Aerotransportado Rifles 31. Para comprobarlo, el equipo habría utilizado un dron y registrado 'imágenes claras' de mineros utilizando mangueras de alta presión para remover tierra en una zona boscosa que correspondía a la base. En ese momento, el comandante, el coronel Daniel Echeverry, negó que existiera extracción dentro de los terrenos militares.
Sin embargo, la evidencia contradecía esa versión: los generadores diésel de la mina 'se escuchaban' desde las instalaciones y, según imágenes satelitales, la actividad estaba a unos 137 metros de zonas habitadas de la base, 'sin una delimitación visible que separara ambos espacios'. Ante una insistencia del periodista, el coronel habría aceptado hacer un recorrido. Tras pocos minutos, habrían encontrado pozos fangosos (enlodados) y una operación minera 'a gran escala' en curso dentro del área. Al constatarlo, el oficial habría ordenado a los mineros retirarse y habría advertido que se encontraban en propiedad del Ministerio de Defensa. La situación derivó en un enfrentamiento: los mineros habrían ignorado inicialmente la orden, mientras soldados habrían llegado, destruyeron equipos con gasolina y prendido fuego. Algunos trabajadores habrían respondido 'con insultos, piedras y machetes', y habrían intentado rescatar sus herramientas o apagar las llamas con agua de los mismos pozos.
El reportaje también documentaba la dimensión económica del fenómeno: los mineros pagarían un impuesto al Clan del Golfo para operar en La Mandinga, lo que convertiría la explotación de oro en una fuente clave de financiación para este grupo armado y explicaría su capacidad de control territorial. Tras la publicación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habría ordenado abrir una investigación interna en la unidad militar 'para esclarecer' si hubo 'omisiones, negligencia o posibles vínculos con la actividad ilegal dentro de la base'. Sánchez refirió que, de encontrarse responsabilidades, se actuaría 'con todo el peso de la ley', y precisó que cualquier denuncia sería verificada. Además, reiteró la política de “cero tolerancia” frente a la minería ilegal y los delitos ambientales en el país. En ese contexto, el gobierno destacó que en lo corrido del año se habrían intervenido cerca de 2.500 minas ilegales y destruido alrededor de 1.000 máquinas, cifras que, según el Ministerio de Defensa, representarían un incremento superior al 40% frente al año anterior, mientras el coronel Echeverry aseguró que tomaría medidas “enérgicas” tras lo ocurrido. La llamada 'fiebre del oro' transformaría los territorios en Colombia, en algunos casos 'de manera rápida'.
Según reportó La Vorágine, en dos años habrían llegado cerca de 5.000 personas a Ataco (Tolima), impulsando un crecimiento poblacional del 30% y reemplazando la minería artesanal por 'explotación mecanizada' con retroexcavadoras en el municipio. Esto habría 'devastado el río Saldaña, contaminado con sedimentos y mercurio', mientras el control del negocio recaería también en estructuras ilegales que impondrían reglas, cobrarían extorsiones y financiarían a grupos armados como el Frente Ismael Ruiz de las disidencias Farc. El auge minero habría traído impactos sociales profundos: jóvenes abandonarían el campo y los estudios por la promesa de 'dinero rápido', aumentarían problemáticas como alcoholismo y prostitución, y los trabajadores operarían 'sin garantías laborales'. Aunque podrían ganar más que en el campo, lo harían en condiciones precarias y bajo el dominio de actores armados, en un entorno donde el silencio sería 'clave para sobrevivir'. En Colombia, buena parte del oro proviene de economías ilegales que destruirían ecosistemas con mercurio, deforestación y alteración de ríos, mientras alimentarían redes criminales y se integrarían al 'mercado legal sin trazabilidad' (sin vigilancia...). Todo esto ocurre en medio de una presencia estatal débil y un fracaso de la formalización minera. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: The New York Times • La Silla Vacía • La Vorágine
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