🕒 Última actualización:
abril 12, 2026
En Colombia continúan protestas y bloqueos viales en varias zonas del país, especialmente en Santander, Boyacá y Norte de Santander, en 'rechazo' a la actualización catastral que habría impactado el valor del impuesto predial. Las manifestaciones, relacionadas con medidas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), han generado una crisis de movilidad 'compleja' en el nororiente del país, además de una escalada del debate por el tema. Uno de los puntos más afectados habría sido el acceso al aeropuerto Palonegro en Bucaramanga (Santander), donde los bloqueos habrían llevado a pasajeros a caminar 'varios kilómetros' con su equipaje para no perder vuelos. Además, se reportó hasta diez municipios con incomunicación parcial, con 'cierres en vías hacia Bogotá, Antioquia, la Costa Caribe y el corredor Bucaramanga–Barrancabermeja'. También se habrían registrado 'congestiones' en sectores como Sabana de Torres y cierres en municipios como Piedecuesta y Floridablanca, lo que habría escalado un 'impacto económico y social. de las protestas. A pesar de la tensión, autoridades y voceros de los manifestantes habrían avanzado en mesas de diálogo 'para buscar solucione'.
Entre los acuerdos preliminares se incluiría la instalación de una Mesa Nacional de Negociación y Concertación el 13 de abril, la activación de una Mesa de Garantías para líderes sociales, un compromiso de no abrir nuevos bloqueos y la habilitación de pasos humanitarios intermitentes mientras continuarían las conversaciones. En medio de este contexto, el Presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las movilizaciones y que detrás de las protestas presuntamente existirían 'intereses de grandes propietarios de tierra que buscan evitar mayores cargas tributarias'. El mandatario también afirmó que el impuesto predial habría permanecido rezagado (desactualizado...) durante cerca de dos décadas, favoreciendo a grandes terratenientes con predios improductivos'. Asimismo, que la definición de tarifas correspondería 'a los concejos municipales' a partir de 'iniciativas de los alcaldes'.
Petro propuso un 'esquema diferencial' del impuesto predial que contemple mayores tasas para tierras improductivas, lotes de engorde y grandes propiedades', mientras se reduzcan las cargas 'para campesinos, pequeños productores y viviendas de estratos 1, 2 y 3'. Además, advirtió presuntos abusos 'si el tributo se utiliza para desplazar población rural o concentrar la tierra . En contraste, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) dijo 'rechazar que los alcaldes sean responsables del aumento del impuesto y que los incrementos obedecerían a la actualización catastral ordenada en la Ley 2294 de 2023, parte del Plan Nacional de Desarrollo. Según la entidad, este proceso se aplicaría en más de 500 municipios priorizados por el Igac. El director ejecutivo de Fedemunicipios, Gilberto Toro, catalogó como “irresponsable y demagógico” responsabilizar a los alcaldes por el alza del predial, señalando que estos solo cumplirían 'con lo establecido en la normativa nacional'. Mientras el gobierno insiste en denunciar posibles abusos contra campesinos, los mandatarios locales pidieron 'mayor articulación y claridad institucional', en medio de una creciente tensión social por los efectos del impuesto predial en distintas regiones del país.
Y es que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) explicó que el aumento del impuesto predial en 2026 se debería a la actualización catastral, un proceso que ajustaría el valor de los inmuebles a su precio real tras años de rezago. El presidente Gustavo Petro aclaró que el avalúo catastral no reflejaría el impuesto en sí, ya que las tarifas las fijarían los concejos municipales, y que la medida busca que grandes propietarios paguen acorde al valor de sus tierras. El Igac insistió en que el ajuste del avalúo no implicaría un 'aumento automático' del predial, pues dependería de decisiones locales y normas tributarias. La ley establece límites a estos incrementos: el predial no poxfía subir más del 50% frente al año anterior, mientras que en viviendas de estratos 1 y 2 con avalúos bajos el aumento máximo es el IPC (5,1%), y en predios rurales mayores a 100 hectáreas podría 'duplicarse'. La actualización, aplicada en más de 500 municipios, es una medida excepcional contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que pretendería 'reducir desigualdades, corregir rezagos en los avalúos y mejorar la planificación del territorio. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Inravisión • La República • El Tiempo • Red+
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