🕒 Última actualización:
abril 21, 2026
La tensión política en Tolima habría escalado tras la entrada en vigencia de un acuerdo municipal en Cajamarca que declara 'de utilidad pública' 33 predios de la multinacional AngloGold Ashanti. La controversia enfrenta a colectivos sociales y a la gobernación, en medio de cuestionamientos por presuntas demoras en la revisión del documento y diferencias sobre el modelo de desarrollo en una zona históricamente opuesta a la megaminería. El representante a la Cámara electo Renzo García (coalición Alianza Verde, Pacto Histórico) lideró las críticas al solicitar a la gobernadora Adriana Magali Matiz 'no objetar' (oponerse, impugnar...)la decisión del Concejo Municipal. Según García, el acuerdo respondería a una iniciativa popular respaldada por más de 4.400 firmas, por lo que frenarlo sería visto como 'un ataque a la democracia y una defensa de intereses de multinacionales mineras'.
Por su parte, la gobernación dijo que el acuerdo ya estaría vigente y contaría con 'presunción de legalidad', al haberse agotado los plazos sin objeciones. Sin embargo, Matiz ha defendido que aún podría solicitar actuaciones adicionales para lograr un “cierre legal definitivo”, defendiendo la minería legal como 'fuente de empleo e ingresos', aunque argumentando 'respeto' por la autonomía ciudadana y la protección ambiental. El choque sería especialmente relevante porque Cajamarca es considerado 'símbolo' de la resistencia ambiental en Colombia desde la Consulta Popular de 2017. Lo que ocurra con estos predios podría sentar un precedente nacional sobre la capacidad de los municipios para convertir zonas con títulos mineros en áreas de conservación, en medio de una creciente polarización entre movimientos sociales y autoridades.
Y pasando de la minería legal a la ilegal, el representante a la Cámara por la curul de paz en Tolima, Haiver Rincón, dijo recientemente que la práctica ilícita en el sur del departamento se habría expandido presuntamente 'por falta de acción oportuna' de las autoridades, a pesar de que 'ya tenían conocimiento' del fenómeno. También, que la problemática se habría extendido a municipios como Ataco, Chaparral y Coyaima, y que actualmente no existiría una 'intervención estatal clara' para contenerla. Rincón también propuso la creación de 'mesas técnicas' y la aceleración de una nueva ley minera 'para fortalecer' el control institucional, al considerar que el actual código habría facilitado el crecimiento de esta actividad ilegal. Además, cuestionó la ausencia de Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) en un debate de control político realizado recientemente, insistiendo en una necesidad de 'mayor articulación' entre las entidades.
En tanto, la gobernadora Matiz se manifestó recientemente sobre la minería ilegal, calificándola como 'una economía que financia la violencia', señalando que grupos organizados habrían ingresado 'con maquinaria pesada' a zonas como Ataco, donde se habrían afectado más de 200 hectáreas y se habrían generado daños en vías y puentes por el tránsito de equipos de gran peso. La mandataria también advirtió 'impactos sociales' derivados de esta actividad, como la llegada de más de 5.000 personas, un aumento de enfermedades como la malaria y la presencia de economías ilegales y grupos armados. Además, indicó que se habrían adelantado 'operativos conjuntos' con la Fuerza Pública, incluyendo el despliegue de más de 200 uniformados, y solicitó 'intervenir' toda la cadena del oro ilegal, especialmente su comercialización. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: Ondas de Ibagué • Caracol Radio
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