🕒 Última actualización:
abril 07, 2026
La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia un escrito de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ambos exfuncionarios permanecían privados de la libertad desde diciembre del año pasado. Este paso representaría un nuevo 'avance clave' en el proceso judicial que pretendería esclarecer la presunta participación de los exministros en una red de corrupción que habría operado dentro de la Ungrd, entidad fundamental en la administración de recursos para la atención de desastres en el país. De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían liderado una estructura orientada a direccionar 'contratos millonarios y proyectos', especialmente a través de la Ungrd y el Instituto Nacional de Vías, con el objetivo de 'asegurar apoyos políticos' en el Congreso a favor del Gobierno Nacional.
El proceso judicial se remonta a diciembre, cuando la magistrada Aura Rosero Baquero ordenó la captura de los exministros y negó la detención domiciliaria, argumentando 'la gravedad' de los hechos y 'el riesgo' de que pudieran interferir en la investigación. En ese momento, ambos fueron enviados a centros carcelarios. Las autoridades les imputaron los delitos de 'concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos'. A pesar de las acusaciones, tanto Bonilla como Velasco se han declarado inocentes frente a los cargos en su contra. Según la investigación, la presunta red criminal habría operado entre mayo de 2023 y febrero de 2024, con 'roles definidos y acciones reiteradas' para desviar recursos públicos. Tras conocerse la acusación, el Presidente Gustavo Petro defendió a Bonilla y aseguró que su detención presuntamente responde a 'motivaciones políticas', solicitando la intervención de organismos internacionales.
A propósito, también hoy se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la 'libertad inmediata' del exministro Bonilla por vencimiento de términos, al determinar que la Fiscalía General de la Nación no presentó 'a tiempo' el escrito de acusación dentro del plazo legal de 120 días tras la imputación. La decisión fue tomada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, quien señaló que el plazo venció el 31 de marzo y que la acusación fue radicada 'cuando ya se desarrollaba la audiencia', lo que habría llevado a conceder la libertad. Aunque Bonilla sigue siendo investigado por su presunta participación en el caso de corrupción de la Ungrd, la decisión podría ser apelada; de hecho, la Fiscalía y otras entidades ya habrían interpuesto recursos. La defensa dijo 'celebrar' la medida y cuestionó 'el actuar' de la Fiscalía, asegurando presuntas 'falta de garantías procesales' y señalando que la acusación habría sido presentada 'de forma tardía' ante la presión del proceso.
Y en otro movimiento reciente, hoy se conoció además que la Interpol habría suspendido la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González por 'falta de información' entregada por las autoridades colombianas, lo que habría llevado a la Fiscalía a reiniciar el trámite que pretendería reactivar la circular roja en su contra. La medida deja, por ahora, sin efecto la búsqueda internacional del exfuncionario, igualmente investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Ungrd, mientras se adelantan nuevas gestiones ante el organismo internacional. Según la investigación, González es señalado de 'coordinar' una presunta red de sobornos a congresistas, incluyendo a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, con recursos de la entidad, a cambio de 'respaldo político' en el Congreso. El también exdirector del Dapre (Departamento Administrativo de Presidencia) salió del país y actualmente se encuentra en Nicaragua, donde recibió asilo político, lo que habría incidido en el proceso judicial. En paralelo, la Fiscalía mantiene imputaciones en su contra por delitos como 'cohecho, lavado de activos y peculado (malversación...)', y ya había solicitado reactivar la notificación roja luego de que se conociera que esta no estaba vigente a nivel internacional. La suspensión implica que no existe, de momento, una circular activa para su captura fuera de Colombia. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Colombiano • Infobae • Canal 1 • Blu Radio
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