🕒 Última actualización:
abril 29, 2026
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que la cifra de los llamados “falsos positivos” en el conflicto armado colombiano ascendería a 7.837 casos, correspondientes a civiles (principalmente campesinos e indígenas) que habrían sido asesinados 'de forma extrajudicial' por agentes del Estado y luego presentados como guerrilleros muertos en combate. El magistrado Pedro Díaz señaló que las investigaciones abarcarían hechos entre 1990 y 2016, lo que ampliaría el periodo previamente analizado (2002-2008) y explicaría el aumento frente a la cifra anterior de 6.402 casos. El informe también documenta coordinación entre unidades del Ejército y grupos paramilitares en regiones como Urabá (Antioquia) durante 2004 y 2005, así como 1.435 víctimas identificadas en Antioquia en el marco de casos específicos. La JEP aclaró que la cifra seguiría siendo 'dinámica' debido a que continúan las investigaciones por desaparición forzada. El Presidente Gustavo Petro reaccionó atribuyendo estos hechos a la llamada “seguridad democrática” del periodo 2002-2010, en el gobierno del expresidente Álvaro Urib, señalando 'la magnitud' de las ejecuciones sistemáticas de jóvenes durante esos años.
En otras noticias, la JEP llamó a responder en imputación a 20 excabecillas de las antiguas Farc como máximos responsables del reclutamiento forzado de menores durante el conflicto armado. El tribunal concluyó que se trató de una “política criminal de reclutamiento” ejecutada 'de manera sistemática'. Según la investigación, se habría documentado el reclutamiento de al menos 18.677 niños, niñas y adolescentes entre 1971 y 2016. Además, que muchas de estas víctimas habrían sido sometidas además a torturas, violencia sexual y abortos forzados dentro de la estructura guerrillera, en un 'patrón reiterado' de 'violaciones graves' a los derechos humanos. La magistrada Lili Rueda explicó que la imputación cobija a mandos de los bloques Sur, Oriental, Noroccidental y Magdalena Medio. Entre los llamados a responder figuran alias Fabián Ramírez, Víctor Tirado, Hernán Benítez, Martín Corena, Jimmy Guerrero y Alberto Muñoz.
La JEP determinó que el bloque Oriental concentró cerca de la mitad de los casos registrados a nivel nacional, y que el reclutamiento se habría ejecutado 'de forma sistemática' en todas las estructuras. Además, identificó como años críticos 1999, 2002, 2007 y 2013 por el aumento de víctimas. En el Caso 07 fueron acreditadas más de 11.000 víctimas, de las cuales más de 9.000 pertenecerían a pueblos indígenas y comunidades étnicas como koreguaje, hitnü, barí, sikuani y cubeo, además de un consejo comunitario afrodescendiente. También se habrían registrado más de 2.000 víctimas individuales. El tribunal explicó que estos hechos ocurrieron principalmente en zonas rurales 'con pobreza estructural, baja presencia estatal y acceso limitado a educación y salud'. En ese contexto, muchas familias habrían emprendido búsquedas directas de sus hijos en territorios en conflicto, sin garantías de seguridad ni resultados en muchos casos.
En paralelo, en el Catatumbo, tras un bombardeo del 4 de febrero contra el Frente Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Filogringo, Norte de Santander, tropas hallaron un computador en campamentos guerrilleros que se convirtió en pieza clave de inteligencia militar a propósito del reclutamiento de menores. En ese dispositivo se encontraron archivos atribuidos a alias Irene, bajo órdenes de alias Carlos el Puerco, donde se detallaba la capacitación de al menos 18 menores reclutados a finales de 2025. Allí se evidenciaba un 'entrenamiento en drones, explosivos, inteligencia y control territorial', así como una 'clasificación según habilidades'. El material también mostraría la distribución de los menores a distintas estructuras del ELN y su asignación a mandos específicos, junto con el uso de ropa de civil y memorias USB para transportar órdenes operativas. Las autoridades señalaron que esto confirmaría su utilización en tareas militares y de inteligencia. Finalmente, el Ministerio de Defensa y el Ejército habrían reportado 'capturas, entregas voluntarias y recuperación de menores' en operaciones recientes en la región, aunque advirtieron que el reclutamiento forzado continuaría siendo uno de los principales impactos humanitarios del conflicto en el Catatumbo. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: La FM • Revista Cambio • TeleSUR
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