🕒 Última actualización:
abril 11, 2026
Los trabajadores de la Clínica Tolima realizaron ayer un plantón en Ibagué para exigir el pago de salarios atrasados, que según denuncian, acumularían 'tres quincenas'. La protesta habría evidenciado preocupaciones sobre la atención a los pacientes, con 'falta de insumos y medicamentos, en medio de la crisis financiera en los empleados. Sara Gómez, funcionaria del laboratorio, aseguró que los pagos de cesantías y dotación no se cumplirían 'desde hace más de dos años' y que los giros parciales de las EPS no alcanzarían a cubrir los servicios prestados. “Nos pagan una quincena y esa tiene que durar mes y medio más”, mencionó, al tiempo que hizo un llamado a las EPS responsables del flujo de recursos. Por su parte, la gerencia de la clínica, encabezada por Liliana Katherine Escobar, respondió que no existiría un atraso de dos meses en los pagos y que actualmente estarían al día en seguridad social. La institución admitió 'retrasos' a algunos especialistas, con cuentas pendientes superiores a cuatro meses, y atribuyó los problemas financieros al incumplimiento de varias EPS, entre ellas Nueva EPS, Famisanar, Pijaosalud y Asmet Salud. La primera, por ejemplo, mantendría obligaciones previas superiores a $6.500 millones que 'aún no han sido canceladas'.
Agregó que la clínica requeriría cerca de $3.000 millones mensuales para operar, pero en los últimos meses ha recibido alrededor de $2.000 millones 'en periodos de hasta tres meses', lo que habría generado desbalance en el flujo de caja. Además, que los pagos de nómina serían 'prioritarios', representarían entre $1.100 y $1.200 millones por quincena (sin incluir seguridad social ni otros gastos), y que deberían combinarse con 'gastos en medicamentos, servicios públicos, mantenimiento, impuestos y honorarios médicos'. La crisis habría llevado a reducir la capacidad operativa, con el cierre del servicio de pediatría hospitalaria y cerca de 100 renuncias entre personal de planta y contratistas desde el inicio del problema. Algunos especialistas han reducido sus agendas para laborar en otras instituciones, lo que impactaría la disponibilidad de atención y la calidad de los servicios, según reportaron los empleados. A pesar del panorama, la gerencia descartó un cierre cercano de la clínica y aseguró que contaría con 'activos suficientes' para seguir operando. También, que se habrían realizado gestiones ante la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud, y se esperaba un 'giro próximo' que permitiría un nuevo pago de nómina. Los atrasos persistirían mientras no se normalice el flujo de recursos, pero la institución dijo mantener 'abiertos' canales de comunicación con sus colaboradores.
A propósito de la Nueva EPS, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud un 'informe urgente' sobre la entidad, actualmente intervenida por el Gobierno Nacional, tras detectar supuestos 'riesgos críticos' que 'comprometen el servicio y los recursos públicos' El ente de control cuestionó 'la eficacia' de la intervención y advirtió 'fallas en tecnología, ciberseguridad y manejo financiero', además de procesos aún manuales 'que generan ineficiencias'. También señaló 'retrasos' en estados financieros y 'problemas históricos' en cuentas médicas, y dio 3 días para justificar avances y la continuidad de la medida de intervención, en medio de una crisis cíclica en la entidad por deudas billonarias con clínicas y hospitales, sumadas a embargos ordenados por los mismos motivos. En lo más reciente, al finalizar la semana se conoció que el Presidente Gustavo Petro nombró al médico y exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo interventor de Nueva EPS, tras un 'limbo jurídico' en el que permanecía la entidad desde el 3 de abril por la falta de prórroga o cierre formal de la intervención iniciada en 2024. Ospina asume como el quinto interventor en dos años. En paralelo, la Contraloría General inició una inspección a la Nueva EPS y a la SuperSalud por una 'falta de entrega' de estados financieros, en lo que pretendería verificar 'su situación real, manejo de recursos públicos e impacto en la prestación de servicios'. También se evaluarían las acciones de la Supersalud en los últimos 18 meses, a la espera de hallazgos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Cronista • Caracol Radio • El Olfato • El Nuevo Siglo • La Razón • Asuntos Legales
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