🕒 Última actualización:
mayo 12, 2026
Las tensiones entre el Presidente Gustavo Petro y el Consejo de Estado escalaron en las últimas horas tras la decisión del alto tribunal de suspender provisionalmente el decreto que ordenaba trasladar recursos de fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La medida frenó temporalmente el movimiento de cerca de $25 billones correspondientes a afiliados que aprovecharon el cambio excepcional habilitado por la Reforma Pensional impulsada por el Gobierno Nacional. El Consejo de Estado consideró que el Ejecutivo se habría 'extralimitado' al reglamentar la reforma. Según el tribunal, la ley establecía que esos ahorros debían quedar en un fondo especial administrado por el Banco de la República y no directamente en Colpensiones. Además, que tanto el Banco de la República como la Contraloría General de la República ya habían advertido 'riesgos jurídicos y fiscales' sobre el traslado masivo de recursos. La suspensión sería una medida cautelar y no una decisión definitiva, por lo que el caso aún debería resolverse de fondo. Petro reaccionó con varios mensajes en redes sociales en los que calificó la medida como “inconstitucional” y aseguró que el Consejo de Estado supuestamente estaba “acabando con el derecho a la pensión”. También, que el fallo favorecería a grupos financieros y acusó a los fondos privados de mantener bajo su control recursos que, según el gobierno, deberían pasar al sistema público 'para garantizar las mesadas' de miles de pensionados.
Petro incluso solicitó 'denunciar penalmente' por presunto 'prevaricato' (actuar en contra de la ley, a sabiendas...) al magistrado ponente del caso y sostuvo que impedir el traslado de los ahorros constituiría un “golpe de Estado contra el pueblo constituyente”. Más tarde insistió en que ningún poder del Estado puede considerar el derecho a la pensión como un “poder desbordado” y reclamó 'respeto' hacia los trabajadores que esperarían recibir sus pagos tras años de cotización. Las declaraciones del mandatario provocaron una respuesta de la Rama Judicial. La Comisión Interinstitucional, integrada por las altas cortes y otros organismos judiciales, defendió la separación de poderes y dijo que la Constitución permitiría suspender actos administrativos 'cuando existen dudas' sobre su legalidad. El propio Consejo de Estado emitió luego otro comunicado en el que dijo rechazar el “tono incendiario” del presidente y que deslegitimar las decisiones judiciales 'puede debilitar' el Estado de Derecho y 'poner en riesgo' la seguridad de los jueces. En medio de la controversia surgió además la preocupación sobre qué ocurriría con el pago de las próximas pensiones. Miles de afiliados habrían quedado con dudas luego de que se frenara el traslado de recursos provenientes de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) hacia Colpensiones. Según el gobierno, más de 25 mil personas ya habrían pasado del régimen privado al público y esos recursos serían necesarios 'para respaldar' sus futuras mesadas.
Ante las inquietudes, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, aseguró que los pagos estarían garantizados durante los próximos meses gracias a recursos del Presupuesto General de la Nación y a los aportes de los afiliados activos. Explicó que la entidad contaría con 'liquidez suficiente' para responder por las mesadas de mayo, junio y el resto del año. Sin embargo, admitió que la suspensión sí afectaría la sostenibilidad financiera del sistema porque impediría el traslado de cerca de $5 billones correspondientes a personas que ya se pensionaron tras cambiarse al régimen público. Dussán insistió en que los fondos privados seguirían 'obligados' a transferir esos recursos y confirmó que el gobierno presentaría un recurso de súplica ante el Consejo de Estado 'para intentar revertir' la suspensión. En la misma línea, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Ejecutivo no habría decidido suspender pagos y prometió 'mantener el compromiso' con los pensionados. También acusó a las AFP de supuestamente “retener” los ahorros de quienes se trasladaron a Colpensiones y criticó al magistrado que impulsó la decisión cautelar. Mientras continúan los recursos judiciales, la controversia también quedó ligada al futuro de la Reforma Pensional. La Corte Constitucional todavía debe pronunciarse sobre la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024, considerado eje central del nuevo sistema promovido por el gobierno. Por ahora, el enfrentamiento suma otro capítulo de controversia. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Revista Cambio
Te informamos con la mayor confianza. Algunas noticias podrían ser actualizadas unas cuantas veces para ofrecerte lo más reciente. Si quieres algo más actualizado, visita nuestro Canal de WhatsApp o nuestra página En Vivo. (alert-success)
