🕒 Última actualización:
mayo 05, 2026
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) habría sufrido un revés judicial histórico tras ser condenada por un tribunal arbitral internacional a pagar $3,57 billones a la sociedad concesionaria Ruta al Mar. La decisión, considerada una de las más altas en este tipo de litigios, fue proferida por el Centro Internacional de Resolución de Disputas (Cird) con sede en Nueva York (EEUU). El fallo se relaciona con el contrato de concesión APP No. 016 de 2015, firmado para la construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento de cerca de 498 a 500 kilómetros de vía entre los departamentos de Antioquia y Bolívar, conectando también zonas de Córdoba y Sucre dentro de un proyecto vial de la región Caribe. La concesión Ruta al Mar estuvo integrada por Construcciones El Cóndor, que participó como accionista y contratista EPC (un modelo de contrato donde una empresa o consorcio se encarga de todo el proyecto de manera integral) con el 50% del proyecto, junto a la firma británica InfraRed Infrastructure Partners, a través de sus fondos de inversión en infraestructura, como socios estratégicos del proyecto.
Según los demandantes, las afectaciones se habrían originado principalmente en la terminación anticipada del contrato y en decisiones del actual Gobierno Nacional relacionadas con la no actualización de tarifas de peajes y el congelamiento de estos ingresos, así como en la imposibilidad de construir o poner en operación algunas estaciones como la de Caimanera o Carimagua, en medio de tensiones sociales y de orden público. También se alegaron 'desequilibrios económicos' por una falta de recursos en subcuentas contractuales, como la de “perimetrales”, necesarias para financiar obras adicionales pactadas, además de insuficiencias en los fondos destinados a compensaciones ambientales y la aplicación de medidas como el Decreto 050, que congeló tarifas, lo que habría afectado el esquema financiero del proyecto. El tribunal arbitral concluyó que la imposibilidad de culminar el contrato 'no fue responsabilidad del concesionario, sino de factores externos' atribuibles a la ANI, especialmente por cambios en la estructura tarifaria. En ese sentido, se determinó una condena principal de $3,31 billones por la terminación del contrato, junto con otros rubros como $257.866 millones por 'afectaciones tarifarias', y montos adicionales menores por 'compensaciones, inestabilidad de tramos y retrasos administrativos'.
A esto se suman los costos del proceso arbitral, que incluyen cerca de $9.439 millones en gastos legales, honorarios de peritos y costos asociados, además de pagos al tribunal y al Cird en dólares, lo que incrementaría el impacto económico total de la condena contra el Estado colombiano. No obstante, el caso aún podría llegar a una revisión extraordinaria ante el Consejo de Estado si la ANI presenta recurso de anulación. Sin embargo, desde el sector privado, el fallo fue recibido como 'un alivio'. El presidente de El Cóndor, Luis Turizo, señaló que la decisión representaría un 'salvavidas' tras pérdidas reportadas en 2025 por más de $267 mil millones, en un contexto de menor actividad por decisiones sobre peajes y política de infraestructura. Este no es el único proceso en contra de la ANI en el mismo tribunal. En 2024, el Cird también la condenó a pagar $1,3 billones a la concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá, en la que participa InfraRed, por la terminación anticipada de otro contrato vial, lo que ha reavivado el debate sobre la estructuración, riesgos y estabilidad jurídica de las concesiones de infraestructura en Colombia. El reporte está en desarrollo.
Vía: Las2Orillas • El Tiempo
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