🕒 Última actualización:
mayo 06, 2026
La crisis del sistema de salud en Chocó generó un choque entre la Gobernación y el Ministerio de Salud tras la declaración de emergencia por el colapso del Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba denunció que el centro asistencial, único de segundo nivel en el departamento y encargado de atender a más de 600.000 personas, no daría abasto y habría dejado a miles de pacientes 'en condiciones precarias'. Según la mandataria, el hospital habría sido declarado en alerta roja hospitalaria por una sobreocupación del 340% en urgencias y una ocupación total en los demás servicios. Esta situación habría provocado un 'agotamiento de insumos, saturación del personal médico y escenas críticas' como 'pacientes en pasillos, niños compartiendo camillas y personas atendidas en el suelo'. Córdoba atribuyó el colapso, en buena parte, al no pago de las EPS, lo que ha generado el cierre de la red privada y un debilitamiento de la red pública. Además, que la crisis sería estructural y que, a pesar de la intervención estatal y al pago de algunas deudas, las medidas habrían sido insuficientes para estabilizar el sistema.
Sin embargo, el Ministerio de Salud contradijo esta versión y aseguró que la situación “no refleja la realidad” de los sistemas oficiales. La entidad sostuvo que las fallas responderían a 'problemas de gestión territorial y limitaciones' en la atención de baja complejidad, señalando aparentes 'deficiencias' en la gobernanza del departamento. Frente a las cifras, el ministerio presentó datos distintos: indicó que la ocupación hospitalaria estaría alrededor del 31% en hospitalización general, 40% en UCI y 86% en camillas, muy lejos del 340% denunciado por la gobernadora. Además, cuestionó que la información no haya sido reportada oportunamente en los sistemas oficiales del sector. El hospital, intervenido por la Superintendencia de Salud desde noviembre de 2025 tras 'persistentes fallas administrativas y financieras', seguiría en el centro de la controversia. Mientras la gobernadora insiste en un 'plan de choque urgente' para salvar el servicio, el Gobierno Nacional anunció que revisaría la situación. Más recientemente, la Supersalud habría instalado una mesa de conciliación entre la Nueva EPS y el Hospital, en lo que buscaría 'revisar' la intervención del hospital y 'coordinar' acciones de inspección, vigilancia e inversiones del gobierno.
La crisis de salud en el país persiste. También recientemente, la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá anunció la suspensión temporal de sus servicios en la capital debido a una crisis financiera que estaría siendo provocada por la falta de pagos de las EPS, con deudas cercanas a los $4.000 millones, principalmente de Famisanar EPS y EPS Sanitas. La medida pretendería 'contener el deterioro económico' mientras la entidad intentaría estabilizar su operación. No obstante, la Liga explicó que la suspensión sería 'preventiva y de corto plazo', con la expectativa de reanudar la atención en aproximadamente dos meses si se normaliza el flujo de recursos. Entretanto, la incertidumbre crecería entre los pacientes, ya que al momento del reporte no se había detallado con precisión qué servicios se verían afectados ni el alcance del impacto. A esta situación se sumaría la decisión de la Clínica Medical, que también suspendería servicios en Bogotá por problemas similares. La institución cerraría cuatro sedes (Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín) y mantendría operativa solo la de Kennedy, aunque con el cierre de unidades consideradas clave como UCI adulto, cuidado intermedio, hemodinamia y diálisis.
Según su gerente, William Aristizábal, la clínica enfrentaría deudas cercanas a los $300.000 millones por parte de EPS como Nueva EPS, Sanitas y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Denunció que los pagos serían 'mínimos' frente a lo facturado, lo que haría inviable sostener la operación en condiciones normales. El panorama se agravaría con antecedentes recientes como el del Instituto Nacional de Cancerología, que suspendió la atención a pacientes afiliados a Nueva EPS por deudas superiores a los $150.000 millones. Aunque se habría dado un acuerdo de pago parcial, el caso habría evidenciado la magnitud del problema financiero en el sistema. En conjunto, estas decisiones reflejarían una persistencia de la crisis estructural en la salud en Colombia, donde la falta de liquidez estaría llevando a hospitales y clínicas a reducir servicios o cerrar sedes. A pesar de que el gobierno insiste en que tratamientos de alto costo no deberían interrumpirse, la realidad mostraría un sistema tensionado que pondría en riesgo la continuidad de la atención, especialmente para pacientes con enfermedades como el cáncer. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • La Silla Vacía • Blu Radio
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