🕒 Última actualización:
mayo 12, 2026
La Fiscalía imputó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por el presunto delito de 'violación de topes electorales' en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La diligencia se realizó ante el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá y correspondió al tercer intento de audiencia, luego de que Roa no se presentara previamente por 'compromisos laborales y académicos'. Según la Fiscalía, Roa, en su calidad de gerente de campaña, habría sido el encargado de 'autorizar gastos, firmar contratos y supervisar' el manejo financiero de la campaña Petro Presidente. El fiscal Elkin Ardila aseguró que durante la primera y segunda vuelta presidencial se habrían superado los límites de gasto fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), además de supuestamente 'ocultarse' parte de los movimientos económicos en los reportes oficiales. Para la primera vuelta presidencial, el CNE autorizó gastos hasta por $28.536 millones. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la campaña habría ejecutado cerca de $29.924 millones, excediendo el límite en $1.388 millones. Además, que ante la plataforma Cuentas Claras solo se habrían reportado $28.384 millones, dejando por fuera más de $1.193 millones en 'gastos no declarados o reportados parcialmente'.
Durante la audiencia, el ente acusador detalló varios movimientos que no cuadrarían en los informes financieros. Entre ellos aparecerían pagos a Mi Colombia Travel SAS por eventos en hoteles, apoyos logísticos de la Unión Sindical Obrera (USO), contratos con NeuroData SAS, servicios de la Fundación Trenza, Turismo al Vuelo SAS y diferencias en facturación de Cinema Colors por producción audiovisual. También mencionó pauta contratada con Caracol Televisión que habría sido registrada en una vuelta distinta a la que realmente correspondía. En segunda vuelta, la Fiscalía señaló que la campaña habría gastado $13.623 millones, superando el tope legal de $13.347 millones. Además, que cerca de $770 millones no habrían sido reportados en Cuentas Claras, incluyendo pagos realizados por la USO, servicios de Al Vuelo SAS y contratos de logística y pauta política. El fiscal Ardila sostuvo que Roa conocía los límites establecidos por el CNE y que, aun así, aprobó contratos y operaciones financieras que 'terminaron excediendo' los topes electorales. La Fiscalía lo señaló como 'autor directo' del delito, argumentando que 'tenía control' sobre la administración financiera, la aprobación de gastos y la rendición pública de cuentas de la campaña.
Este proceso penal se suma a la decisión administrativa adoptada recientemente por el CNE, que ratificó sanciones contra la campaña por superar los límites de financiación. Según esa resolución, el exceso total habría superado los $5.300 millones entre primera y segunda vuelta, imponiendo multas millonarias a Ricardo Roa, a la tesorera Lucy Aydee Mogollón y a la auditora Mary Lucy Soto. El partido Colombia Humana aceptó cargos y asumió una multa de $1.000 millones. La defensa de Roa, encabezada por el abogado Juan David León, solicitó a la Fiscalía 'precisar' cómo habría participado directamente su cliente en cada gasto cuestionado. También exigió aclarar en qué momento Roa tuvo conocimiento de las operaciones señaladas y 'quién ejecutó realmente' varias de las decisiones financieras y contractuales. El juez respaldó parte de las solicitudes de la defensa y concedió tiempo adicional a la Fiscalía para organizar y explicar factura por factura los gastos cuestionados. La audiencia continuaba el lunes, 11 de mayo, cuando se conocieron más detalles de las transacciones investigadas y si Roa aceptaba o no los cargos imputados.
Ese día, Ricardo Roa se declaró inocente, mientras la Fiscalía expuso facturas emitidas a su nombre relacionadas con gastos de seguridad, eventos, viajes, hospedajes y otras actividades de campaña, incluyendo supuestos documentos enviados al correo de Laura Sarabia, quien entonces ejercía funciones logísticas. El ente investigador sostiene que habrían existido 'inconsistencias contables y omisiones' en los reportes entregados al CNE
La junta directiva de Ecopetrol respaldó públicamente a Roa y afirmó que la imputación no representaría una condena ni afectaría su presunción de inocencia. El caso se suma a otra investigación penal en su contra por el denominado “Penthouse 901”, relacionado con un presunto tráfico de influencias (para mayor contexto, consultar en el blog). El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Tiempo • Revista Cambio • Blu Radio
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