🕒 Última actualización:
mayo 01, 2026
La Unidad de Salud de Ibagué (USI) presentó un balance tras cuatro meses de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (iniciada el 9 de diciembre de 2025), en el que reporta 'avances' en la estabilización financiera, operativa y administrativa de la entidad. Según el comunicado, se habría puesto al día el pago de salarios al personal 'gracias a ajustes en facturación, recuperación de cartera y renegociación de tarifas' con las EPS, además de consolidar una planeación 'enfocada en mejorar la prestación del servicio'. En el componente operativo, la entidad informó que actualmente funcionarían 89 equipos básicos de salud (EBS, 69 en zona urbana y 20 en rural), lo que habría llevado a 'ampliar la atención en barrios, calles y veredas'. Según se dijo, esto se articularía con inversiones superiores a los $3.000 millones 'destinadas al mantenimiento, dotación y mejoramiento' de los centros de salud, en medio de un 'acompañamiento del Gobierno Nacional a la red pública de la ciudad'. Estos avances se relacionarían con el estado de las obras de infraestructura en varios puestos de salud, que habían estado suspendidas por más de dos meses tras inconsistencias técnicas, administrativas y financieras detectadas en contratos heredados. Esto lo reportaba hace una semana Ecos del Combeima. Y es que según esto, las intervenciones, especialmente en zonas rurales, se habrían reanudado a finales de febrero pero, tras una prórroga de 60 días, tendrían como nueva fecha límite de entrega hoy primero de mayo. El reporte continúa en desarrollo.
En otras noticias, el Hospital Federico Lleras Acosta habría superado una nueva crisis que amenazaba con suspender servicios desde hoy, luego de que especialistas advirtieran un posible cese de actividades por pagos pendientes e insuficiencia de insumos. La situación habría generado preocupación entre usuarios de Tolima ante un riesgo de interrupciones en la atención. Así las cosas, se habrían desarrollado mesas de diálogo entre especialistas, la gerencia y la junta directiva, en las que se habrían pretendido 'soluciones conjuntas' enfocadas en 'garantizar la continuidad del servicio y priorizar a los pacientes'. Como resultado de estas conversaciones, se habrían alcanzado acuerdos que llevarían a mantener en funcionamiento servicios considerados clave como la consulta externa y las cirugías programadas, lo que por ahora evitaría afectaciones en la prestación de salud.
La gerente del hospital, Martha Palacios, habló de que la institución operaría con 'total normalidad' y descartó cualquier cese de actividades. Aseguró que no habría suspensión de consultas ni de procedimientos, y que el compromiso sería mantener la atención 'de manera permanente'. Sin embargo, la directiva advirtió que la estabilidad del hospital seguiría dependiendo del pago de las deudas por parte de las EPS, cuyos recursos aún no habrían llegado. Esta situación afectaría a Ibagué, pero también a toda la red de salud del departamento. En ese contexto, la gobernadora de Tolima Adriana Magali Matiz habría dicho 'alertar' sobre la gravedad de la crisis financiera del sector, señalando que las EPS adeudarían cerca de $1 billón y que en el Federico Lleras habría más de 600 cirugías represadas. Además que, a pesar de existir una orden judicial para el pago, las entidades no habrían cumplido, por lo que se evaluarían 'acciones legales adicionales'.
Y hablando de EPS, la Alcaldía de Ibagué habría sostenido de nuevo una mesa de trabajo con Nueva EPS ante una persistencia de quejas de usuarios por fallas en la atención. El encuentro habría pretendido 'revisar' las principales dificultades del servicio y 'exigir soluciones inmediatas' para mejorar la calidad en la prestación de salud en la ciudad. Entre los problemas más críticos se habrían identificado 'demoras en la entrega de medicamentos, barreras para acceder a servicios y tecnologías no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS)', así como retrasos en remisiones a servicios de mayor complejidad, especialmente fuera de la red local. También, se habrían evidenciado dificultades para conseguir materiales de osteosíntesis necesarios en algunos procedimientos médicos. Como resultado, la EPS se habría comprometido a 'optimizar la entrega de medicamentos' y 'poner en marcha' un plan de mejoramiento desde mayo, además de priorizar los casos expuestos. La administración local aseguró que continuaría con 'labores de inspección, vigilancia y control', mientras la secretaria de Salud, Yennifer Guzmán, dijo que estos espacios permitirían 'hacer seguimiento directo y exigir soluciones concretas en defensa del derecho a la salud'. Cuando persisten diversas problemáticas de salud de la ciudad, los reportes continúan en desarrollo.
Vía: La Voz del Pueblo • Ecos del Combeima • Caracol Radio • El Cronista
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