🕒 Última actualización:
mayo 05, 2026
El Presidente Gustavo Petro también escaló la persistente tensión diplomática con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa tras un extenso pronunciamiento en el que acusó a este de presuntamente utilizar a Colombia para desviar el debate interno en Ecuador sobre supuestos vínculos entre sectores políticos y el narcotráfico. El cruce ocurre en un contexto de fricciones previas entre ambos gobiernos por el manejo del narcotráfico en la frontera, que ya había derivado en señalamientos mutuos e incluso en tensiones comerciales. Noboa ha insinuado que Petro tuvo acercamientos con personas cercanas al narcotraficante alias Fito durante una visita en 2025, acusación que el mandatario colombiano ha negado de forma reiterada. Pero la reciente reacción de Petro se produjo tras una investigación de Revista Raya (Colombia), que presenta presuntos contratos, documentos y registros que, según el reportaje, evidenciarían posibles conexiones entre una empresa de seguridad privada y el entorno de alias “Fito”, líder de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros. La empresa señalada es Jamilsecurity, una firma ecuatoriana de seguridad privada fundada en 2020 en Manta (Ecuador) dedicada a prestar servicios de vigilancia a entidades públicas y privadas, y que, según la investigación, ha sido objeto de cuestionamientos por sus presuntos vínculos con personas cercanas a dicha estructura criminal.
De acuerdo con la investigación, Jamilsecurity habría obtenido al menos tres contratos públicos por cerca de 3,1 millones de dólares en sectores como salud y educación durante el gobierno de Noboa, a pesar de 'inconsistencias en su historial financiero, falta de experiencia verificable y ausencia de certificaciones' exigidas por la normativa ecuatoriana. El reportaje señala que Steven Intriago, sobrino de “Fito”, figuró como accionista relevante de la compañía, junto a otros socios investigados por delitos como tráfico de armas y drogas. También, que la empresa habría permanecido inactiva 'durante varios años' y, aun así, habría accedido a procesos de contratación pública en condiciones que han sido cuestionadas. En esos procesos, varias empresas competidoras habrían sido descalificadas bajo criterios discutidos o 'sin sustento documental suficiente', lo que, según la investigación, habría facilitado la adjudicación de contratos a Jamilsecurity en entidades como la Universidad Técnica de Babahoyo y el Hospital General de Manta, incluso cuando existían 'propuestas más económicas'.
El informe también menciona la presencia de personas cercanas al entorno de alias Fito en espacios institucionales, incluyendo vínculos familiares en áreas relacionadas con contratación pública, así como la participación de funcionarios que elaboraron informes técnicos que 'terminaron favoreciendo' a la empresa, lo que abriría interrogantes sobre un posible direccionamiento interno. A esto se suman registros fotográficos en los que presuntamente aparecerían familiares del presidente Noboa junto a un abogado vinculado a la defensa de personas cercanas a “Fito”, además de menciones a procesos por supuesto lavado de activos, aunque sin que hasta ahora exista una sentencia judicial definitiva. En este escenario, Petro denunció un presunto 'plan de sabotaje a la paz' en el sur de Colombia, señalando que intereses ligados al narcotráfico buscarían 'afectar' específicamente los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y los programas de sustitución de cultivos en Nariño y Putumayo. Como parte de esa hipótesis, mencionó el supuesto ingreso de explosivos desde Ecuador para atentados en Cauca y hechos violentos en zonas cocaleras.
La escalada de tensiones entre los gobiernos de Colombia y Ecuador ha trascendido al plano económico: el primero impuso recientemente aranceles de hasta el 75% a 191 productos ecuatorianos como respuesta a una “tasa de seguridad” del 100% aplicada por Ecuador a bienes colombianos, configurando una disputa comercial que continuaría profundizando la crisis diplomática entre ambos países. En lo más reciente de la guerra comercial, Noboa redujo al 75% la 'tasa de seguridad' a las importaciones provenientes de Colombia, una medida que entraría en vigencia el 1 de junio y que pretendería 'abrir espacio a la cooperación bilateral en seguridad y aliviar tensiones comerciales' con Bogotá, según ese gobierno. No obstante, la decisión ocurre luego de que la candidata presidencial colombiana Paloma Valencia sostuviera una llamada con este y llamara al gesto una 'señal de buena voluntad' para la relación bilateral en un eventual cambio de gobierno. No obstante, luego ella negó haber influido. Tras esto, el Gobierno Nacional buscaría retomar el diálogo, luego de que la canciller Rosa Villavicencio dijera que se intentaría restablecer relaciones y el flujo comercial. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Revista Raya • Inravisión
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