🕒 Última actualización:
junio 15, 2026
El rector de la Institución Universitaria de El Espinal (Uniespinal), Mario Díaz, denunció una presunta 'persecución política' por parte del ministro de Educación, Daniel Rojas, diciendo que las acciones adoptadas por el Gobierno Nacional contra la institución supuestamente estarían relacionadas con su negativa a realizar un nombramiento solicitado. Según Díaz, la controversia habría comenzado cuando se negó a designar a Wilson Callejas Gómez, a quien identificó como supuesto suegro del ministro, en el cargo de asesor de planeación de Uniespinal. El rector agregó que la solicitud habría sido realizada a través de una funcionaria de la Secretaría General del Ministerio de Educación. Díaz dice que habría denunciado el hecho ante fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia y aseguró contar con 'chats, audios, grabaciones, documentos y correos electrónicos'. Además, que la intervención de funcionarios del Gobierno Nacional en nombramientos universitarios podría constituir un supuesto 'tráfico de influencias'. También, que Callejas Gómez habría sido cuestionado en Tolima por presuntos manejos irregulares de recursos, aunque no presentó detalles sobre esos señalamientos. Díaz relacionó estas presuntas presiones con la visita de inspección realizada por el Ministerio en febrero y con las posteriores medidas de vigilancia adoptadas. Aseguró que presuntamente existiría una intención de 'afectar' su permanencia en el cargo, para el que fue elegido hasta 2028, y dijo defender la 'autonomía universitaria', pues las universidades públicas 'no estarían obligadas' a 'compartir la orientación política' del gobierno de turno.
Y es que, como se reportó días atrás, la denuncia se habría dado luego de que el Ministerio de Educación ordenara vigilancia especial sobre Uniespinal mediante una resolución sustentada en hallazgos detectados durante una visita de inspección realizada los días 26 y 27 de febrero. La medida pretendería 'proteger' los recursos públicos y 'garantizar la continuidad del servicio educativo' para cerca de 1.400 estudiantes beneficiarios de la política de gratuidad. El ministro Daniel Rojas explicó que la decisión tendría 'carácter preventivo' y que se mantendría mientras avanzan verificaciones de los organismos de control. Además, que las actuaciones del Ministerio complementarían procesos que actualmente adelanta la Procuraduría General de la Nación y buscarían garantizar un 'uso adecuado y transparente' de los recursos destinados al fortalecimiento de la educación superior pública. De acuerdo con la cartera educativa, la revisión de documentos y contratos correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026 habría llevado a identificar presuntas 'falencias en estudios previos y de mercado, inconsistencias presupuestales, ausencia de soportes documentales completos, reiteradas modificaciones, suspensiones y prórrogas contractuales', así como posibles 'concentraciones de contratación' en determinados proveedores.
Entre los hallazgos también figurarían un 'uso recurrente' de contratos de prestación de servicios para atender funciones permanentes, deficiencias en la publicación de información en la plataforma Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) II y varios contratos adjudicados en los últimos días de 2025 con plazos iniciales de ejecución de solo un día para actividades consideradas 'de alta complejidad técnica y financiera'. Además, se habrían detectado inconsistencias entre fechas de suscripción, actas de inicio y modificaciones posteriores. Como parte de la medida, el Ministerio designaría un inspector permanente 'para supervisar' la gestión administrativa y financiera de Uniespinal y 'verificar' el cumplimiento de acciones correctivas. La entidad también señaló que el rector Díaz presuntamente habría rechazado recibir personalmente la notificación de la resolución, por lo que esta habría sido enviada por correo electrónico. Asimismo, que algunos de los hallazgos habrían sido remitidos a la Fiscalía para que evalúe posibles responsabilidades. Rojas llamó a 'estudiantes, docentes y ciudadanía' a 'ejercer control social' sobre los recursos destinados a la institución. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • Ondas de Ibagué
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