🕒 Última actualización:
junio 07, 2026
La multinacional española Telefónica presentó una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para exigir la ejecución de un laudo arbitral internacional (una decisión definitiva y vinculante) que obligaría al Estado colombiano a pagar una indemnización que, con intereses, ya oscilaría entre 450 y 500 millones de dólares. La acción judicial pretendería hacer efectivo un fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Grupo Banco Mundial. Según la compañía, la suspensión temporal que impedía exigir el pago habría vencido luego de que Colombia no cumpliera con la obligación de presentar una garantía bancaria internacional que respaldara el monto en disputa mientras avanzaba un recurso de anulación del fallo. Ante esta situación, Telefónica acudió a la justicia estadounidense para solicitar 'el reconocimiento y ejecución forzosa' de la decisión arbitral.
La controversia se remonta a contratos de concesión de telefonía móvil firmados en 1994. Estos contemplaban una cláusula de reversión de activos al Estado al finalizar las concesiones, pero una ley expedida en 1998 habría ampliado ese alcance a otros bienes e infraestructura. Aunque en 2013 la Corte Constitucional consideró que dichas disposiciones 'no podían aplicarse retroactivamente', un tribunal arbitral colombiano falló posteriormente a favor del Estado, permitiendo el cobro de cerca de 380 millones de dólares a Telefónica por concepto de reversión de activos. Inconforme con esa decisión, la empresa acudió al Ciadi en 2018 argumentando que Colombia supuestamente 'modificó sustancialmente' las condiciones bajo las cuales realizó su inversión y 'vulneró' el acuerdo bilateral de protección de inversiones suscrito entre España y Colombia. En noviembre de 2024, el tribunal internacional concluyó que el Estado colombiano incumplió el estándar de 'trato justo y equitativo', por lo que ordenó devolver los recursos pagados por la compañía, además de intereses compuestos del 5% anual.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado confirmó que el Presupuesto General de la Nación para 2026 no contaba con recursos suficientes para respaldar la garantía exigida por el Ciadi, situación que habría llevado al levantamiento de la suspensión y habría habilitado a Telefónica para iniciar acciones de cobro en otras jurisdicciones. Ahora sería la Corte del Distrito de Columbia la que determine si admite la solicitud y autoriza la ejecución del laudo. De prosperar la demanda, la multinacional podría avanzar en la identificación y eventual embargo de activos o cuentas del Estado colombiano ubicados en territorio estadounidense para recuperar los recursos reconocidos en el fallo. Paralelamente, Colombia mantiene su estrategia de defensa ante instancias internacionales y participó recientemente en audiencias llevadas a cabo en París (Francia), donde pretendería obtener la anulación de la decisión arbitral en uno de los litigios de inversión más relevantes que enfrenta actualmente el país. El reporte está en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • Portafolio
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