🕒 Última actualización:
octubre 22, 2024
La Contraloría exigió a la Unión Temporal Centros Poblados entregar $87.027 millones de pesos al Estado. La unión está envuelta en un escándalo de corrupción por no llevar internet a 15 mil escuelas de zonas rurales, tal como lo señalaba el contrato que firmó con el Ministerio de Comunicaciones (TIC) en el gobierno pasado. Según la Contraloría, Centros Poblados es responsable fiscalmente por un detrimento patrimonial de 70 mil millones que se perdieron en el contrato, y lo calificó de ser “una gestión fiscal ineficiente e inoportuna”.
La Contraloría también dijo que hubo faltas y omisión de la empresa Nuovo Security LLC que, según la Fiscalía, habría estado al mando de todas las empresas de la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros, Intec de la Costa, Novotic y Omega Building SAS. Según el ente, esa empresa no entregó los equipos a las escuelas y por eso halló responsabilidad fiscal en contra de Juan Carlos Ángel Cáceres, su representante legal.
El escándalo que originó la investigación se remite a un contrato de un billón de pesos firmado por el Ministero TIC el gobierno pasado con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a 15.000 escuelas rurales. Tras esa sociedad estaba Emilio Tapia, condenado por corrupción. Los 70 mil millones mencionados se habrían perdido porque el Ministerio, en cabeza de la ministra Karen Abudinen, le giró a esa sociedad el anticipo, en medio de advertencias de presunta corrupción. Cuando la Fiscalía actuó, los contratistas dijeron que usaron el dinero para beneficiarse y comprar lujos. Sobre una investigación en contra de Abudinen, el pasado 23 de septiembre la Procuraduría decidió archivar la investigación tras no encontrar relaciones que pudieran encontrar alguna culpabilidad.
