🕒 Última actualización:
noviembre 12, 2024
En fallo de primera instancia, la Procuraduría inhabilitó al excanciller Álvaro Leyva para ejercer cargos públicos por un término de 10 años. La decisión se fundamentó en que Leyva, durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores, habría anulado "sin fundamentos" la licitación pública de 2023 para la expedición de pasaportes, en la cual Thomas Greg & Sons había sido seleccionada para un contrato valorado en $600.000 millones.
Aunque el excanciller argumentó que el proceso carecería de "competencia adecuada" y que la adjudicación se estaría realizando sin cumplir con las normas de contratación estatal, el Ministerio Público determinó que su acción habría puesto en riesgo el acceso de los colombianos al servicio de los pasaportes. Tras finalizar la audiencia, Leyva dijo que el fallo de “hoy no es jurídico, es absolutamente político. Tanto así que hace unos días estaba prevista una decisión diferente”. Asimismo, aseguró que no sería un fallo definitivo, y que sería el inicio de un “juicio disciplinario plagado de irregularidades”. Leyva leyó un comunicado público, señalando que desde finales de 2023, la procuradora Margarita Cabello incurrió en un prejuzgamiento al anunciar públicamente que antes de finalizar enero se tendría resultados del caso.
Además, cuestionó la competencia del ente de control para pronunciarse sobre la validez de actos administrativos y criticó una presunta falta de transparencia en las audiencias, donde no se conoció a los integrantes de la sala de juzgamiento. “De esta manera la legalidad, el debido proceso y el principio de inmediación probatoria. Este juicio es nulo de pleno derecho”, dijo. Leyva también aseguró que la Procuraduría presuntamente habría avalado “pliegos sastre” en la contratación pública, favoreciendo a la empresa contratista, Thomas Greg & Sons, durante más de tres décadas. Indicó que habría múltiples advertencias sobre irregularidades en el proceso, incluyendo una denuncia penal, advertencias de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública; entre otras cosas.
