🕒 Última actualización:
junio 20, 2026
La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta llegó en la tarde del jueves a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para cumplir con la indagatoria programada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd). Sin embargo, en medio de su presencia en la sede judicial, se conoció que desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana se habría ordenado que fuera conducida por la Policía al tribunal, lo que habría generado confusión sobre su situación en ese momento. De acuerdo con fuentes del proceso y el equipo de la congresista, Peralta ya se encontraba dentro de la Corte cuando se emitió la orden, e incluso habría ingresado por sus propios medios a la diligencia. Su defensa aseguró que no habría existido una captura como tal, sino una disposición 'para garantizar' su comparecencia, mientras se desarrollaba la indagatoria por el caso que investiga el presunto direccionamiento de contratos en la Ungrd. La corte indaga presunto tráfico de influencias y cohecho impropio (aprovechar indebidamente un cargo público para obtener beneficios o favorecer a terceros sin que necesariamente exista una coima directa).
La magistrada ponente del caso, Cristina Lombana, lidera el expediente que indaga posibles irregularidades en contratos de maquinaria amarilla en La Guajira. La investigación se apoya, entre otros elementos, en las declaraciones del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, quien ha señalado reuniones en las que supuestamente se habrían gestionado proyectos 'para beneficiar' a terceros cercanos a la congresista. A su llegada y antes de ingresar a la diligencia, Peralta habría reiterado que habría asistido 'a todas' las citaciones y que siempre habría 'dado la cara' ante la justicia. También, que el proceso en su contra respondería a una presunta 'persecución política'. Y es que la investigación en su contra se enmarca dentro del caso más amplio de la Ungrd, el más grande de corrupción en el actual Gobierno Nacional, donde se analizarían posibles esquemas de “cupos indicativos” y direccionamiento de contratos a congresistas a cambio de apoyo político. Según las hipótesis del caso, habrían existido proyectos por 'miles de millones de pesos' destinados a distintas regiones del país, algunos de los cuales estarían relacionados con 'obras de maquinaria, mitigación de riesgos y mantenimiento' de infraestructura.
Así las cosas, la Corte Suprema debería definir, una vez concluya la indagatoria, si existen méritos para avanzar hacia una investigación formal y establecer la situación jurídica de la senadora. El caso sigue siendo uno de los ejes centrales del escándalo, en el que Peralta ha sido mencionada en distintos testimonios y actuaciones judiciales, aunque su defensa sostiene que no habría pruebas que sustenten su responsabilidad directa. La indagatoria contra Peralta, ha reactivado el debate sobre la posible aplicación de la figura de “silla vacía” en su curul del Senado, lo que impediría su reemplazo si es condenada, tiene orden de captura o renuncia tras ser vinculada a un proceso por delitos contra la administración pública. Aunque la Constitución contempla esta medida, no habría consenso jurídico sobre si aplicaría solo para el actual periodo legislativo o también para el próximo cuatrienio 2026-2030, lo que podría dejar a las comunidades indígenas con menor representación en el Congreso. En el caso de Peralta, si no renuncia y se concreta una medida judicial en su contra, la silla vacía operaría hasta julio de este año, pero su continuidad posterior es incierta y su eventual reemplazo también es discutido. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Colombiano • El Espectador • La Silla Vacía
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