🕒 Última actualización:
noviembre 16, 2024
A través de un fallo del Juzgado Doce Penal Municipal de Ibagué, una jueza ordenó un arresto de diez días contra la alcaldesa Johana Aranda e impuso una multa de diez salarios mínimos legales vigentes. “Declarar que la Alcaldía Municipal de Ibagué incumplió la orden judicial impartida por este despacho en el fallo de tutela del 4 de noviembre de 2014, modulada mediante decisión del 7 de octubre de 2024 en favor de la señora Zoohr Fardy Acosta Castellanos y su núcleo familiar por las razones expuestas en la parte emotiva de esta Providencia”, dice el fallo. La noticia fue reportada hace unas horas en El Cronista. El reporte está en desarrollo.
El caso se remonta a 2014, cuando se le comunicó a la familia de Acosta Castellanos que su vivienda estaba ubicada en zona de 'alto riesgo', por lo que debería ser demolido. Ante ello, la familia, a través de una tutela, exigía a la alcaldía a que se les reubicara en un inmueble “digno, apto para ser habitado por siete personas”. Hasta el 31 de octubre de 2024, la alcaldesa delegó a la Secretaría de Infraestructura la reubicación de la familia, pero no ocurrió. De acuerdo con el texto, la Secretaría de Infraestructura dijo haber solicitado a la accionante, Acosta Castellanos, acercarse al despacho con los documentos correspondientes a dos inmuebles “dignos para ser habitados”, pero esta no habría respondido. Sin embargo, la accionante habría demostrado a través de correo electrónico que ya había enviado lo solicitado.
El despacho judicial dio la razón a la accionante, agregando, además, que la encargada de hacer los trámites sería la Alcaldía de Ibagué y no la ciudadana ni su familia. Debido a ello, y como la tutela estaba dirigida a la alcaldía, la sanción tendría que ser pagada por la representante, que es Aranda. Aunque en la acción de desacato también estaban incluidas Cortolima y el IBAL, el juzgado determinó que deberían ser exhortadas y la responsabilidad recaía en la alcaldía. De acuerdo con el documento, Aranda debería ser recluida en la sede principal de la Policía Metropolitana de Ibagué durante el tiempo establecido. Se ordeno también reubicar a la familia en en un plazo no mayor a 15 días (desde el 12 de noviembre) y, en caso de ser un inmueble temporal, la solución de adquisición definitiva de vivienda no podría superar los cuatro meses.
