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diciembre 02, 2024
Decenas de miles de manifestantes han protestaron en Georgia en contra de la negativa del gobierno de organizar nuevas elecciones como solicita la oposición, en un contexto de marchas en pro de una adhesión del territorio a la Unión Europea (UE) que han escalado y han sido dispersadas por la policía. La exrepública soviética celebró elecciones legislativas el 26 de octubre. El partido en el poder, Sueño Georgiano, reivindicó su victoria pero la oposición denunció presuntas irregularidades y solicitó que se vuelvan a convocar los comicios, un reclamó también hecho por la presidenta del país, Salome Zurabishvili, que tiene poderes limitados.
"Por supuesto que no", dijo el primer ministro, Irakli Kobajidze a periodistas al ser preguntado sobre si el gobierno, acusado de deriva autoritaria prorrusa, aceptaría organizar nuevas elecciones. Las protestas estallaron en la capital (Tiflis) y otras ciudades, luego de que Kobajidze anunciara el jueves 28 de noviembre la decisión del gobierno de aplazar a 2028 las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. El Ejecutivo mantiene que quiere que el país forme parte del bloque para 2030. Las protestas se saldaron con más de 150 detenidos y decenas de agentes heridos, en enfrentamientos entre manifestantes y policías, según esta autoridad. Las marchas han transcurrido en medio de denuncias por presunto abuso de autoridad.
La presidenta Zurabishvili dijo que se mantendría en el cargo "hasta que no haya nuevas elecciones", cuando su mandato termina a finales de diciembre. "Está claro que el recurso a la violencia contra manifestantes pacíficos no es aceptable y que el gobierno georgiano debe respetar la voluntad del pueblo georgiano", dijo por su parte ayer la nueva jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Según Kallas, que asumió el cargo ese mismo día, la situación en Georgia tendría "claramente consecuencias" en las relaciones con la UE. En paralelo a las manifestaciones, cientos de funcionarios y jueces publicaron declaraciones comunes en señal de protesta, y unos 160 diplomáticos georgianos criticaron la decisión del gobierno, diciendo que iría en contra de la Constitución y que presuntamente conduciría al "aislamiento internacional" del país.
