🕒 Última actualización:
diciembre 11, 2024
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una movilización masiva el próximo 10 de enero, fecha en la que estaría prevista su toma de posesión, tras ganar la reelección presidencial el 28 de julio según el CNE. Se da en medio de una crisis postelectoral en la que la oposición denuncia un presunto fraude electoral ante la no presentación oficial de actas oficiales por parte de la entidad electoral, que mostrarían los resultados en detalle. Por ese motivo, reconocen como presidente electo al entonces candidato Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España.
El mandatario aseguró que el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, "jamás caerá en manos de un títere de la oligarquía ni del imperialismo", anunciando que planea juramentar como jefe de Estado el próximo 10 de enero de 2025 en la sede de la Asamblea Nacional (AN), en referencia a una afirmación de Edmundo Gonzlález de que tomaría posesión como presidente de la república. La opositora María Corina Machado, a quien González aseguró que nombraría como vicepresidenta, dijo que Nicolás Maduro debería aceptar una negociación para que este asuma el poder o "prolongar la tiranía", lo cual, según ella, aumentaría la presión interna e internacional contra el gobierno. La opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en un comunicado publicado ayer, llamó a "resistir" cualquier intento de perpetuación del poder, argumentando que sería de manera ilegítima.
En medio de todo, el activista y exconcejal Jesús Armas, integrante del equipo político de Machado, habría sido incerceptado ayer a la salida de un restaurante por agentes del estado venezolano quienes se lo habrían llevado, según información de su abogado, quien hizo referencia a una retención de otros detenidos. "¿Por qué? Porque a estas personas se les ha negado el contacto con su familia que es un derecho constitucional que lo recogen los tratados internacionales, también la posibilidad de acceder a sus defensores privados", dijo. Sobre esto, un Panel de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) también denunciaron hoy ante la Corte Penal Internacional (CPI) la desaparición de Armas.
