🕒 Última actualización:
marzo 22, 2025
En medio del escándalo en la salud por cuenta de la escalada de reportes y comunicados en torno a la escasez de medicamento, la Superintendencia Nacional de Salud dijo ayer que funcionarios de su entidad, Nueva EPS y Disfarma, un gestor farmacéutico, presuntamente fueron víctimas de amenazas en Valle del Cauca. Giovanny Rubiano, el superintendente, también habló de que la terminación del contrato entre Nueva EPS y Audifarma, motivada por problemas de pago, sí habría desencadenado una crisis en varias regiones del Eje Cafetero y Valle del Cauca. Precisamente en estos departamentos, ayer fueron registrados bloqueos y largas filas de pacientes que exigían la entrega de sus medicamentos. En Valle del Cauca, Nueva EPS es la aseguradora más grande, con casi 630.000 afiliados, seguida por Emssanar (354.000) y SOS (288.000). En cuarto lugar está Coosalud, con 187.000 afiliados, y en quinto, Sanitas, con 130.000. Todas estas EPS están actualmente intervenidas por el Gobierno Nacional.
El 21 de febrero, Audifarma anunció la suspensión de sus servicios para los afiliados de Nueva EPS. Según el gestor farmacéutico, la EPS le adeudaba $110.000 millones. Nueva EPS, por su parte, respondió que entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 giró a Audifarma $265.269 millones, sin que esto garantizara la dispensación de medicamentos a los usuarios. El cruce de cifras es complejo, y ambas partes se referirían a deudas diferentes. Mientras Audifarma reclama el pago de cartera vencida—es decir, montos pendientes por servicios y medicamentos ya prestados—, Nueva EPS se enfoca en cubrir la deuda actual, la que se genera en el día a día. La decisión de Audifarma llevó a la EPS a buscar nuevos gestores farmacéuticos en las regiones. En Valle, la elegida fue Disfarma. Sin embargo, la transición no habría sido la esperada. Ante esta situación, el 7 de marzo la Supersalud impuso una medida cautelar a Audifarma y Nueva EPS, ordenando la suspensión de cierres de establecimientos farmacéuticos por dos meses. El objetivo habría sido garantizar una transición ordenada y evitar afectaciones a los usuarios. Así, la Supersalud dispuso que las farmacias continúen operando durante este periodo para evitar interrupciones en la entrega.
Rubiano ha dicho que esperaría que estas medidas comiencen a dar resultados pronto. A propósito de todo, el gobierno aseguró haber girado $1,6 billones en los últimos cinco meses para garantizar la entrega de medicamentos, pero persisten problemas en la distribución debido a la concentración del mercado, sobrecostos y deudas con laboratorios. El MinSalud señaló que algunos gestores farmacéuticos presuntamente venden medicamentos con precios inflados. Además, que aunque han recibido los recursos, no habrían pagado a los laboratorios, afectando la producción. También se instó a entidades de control a supervisar el uso eficiente de los recursos y llama a denunciar irregularidades. Todo sucede en medio de contradicciones entre partes. Entre tanto, la Supersalud auditó la bodega de Audifarma en las afueras de Bogotá tras denuncias de escasez de medicamentos y largas filas en el punto de atención del barrio Restrepo. En la revisión, encontraron que 8 de los 22 medicamentos más demandados tenían suficiente stock, incluyendo 113.000 unidades de insulina. SuperSalud ordenó su traslado a los puntos de entrega en un máximo de 24 horas. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Espectador • Portafolio • La Silla Vacía
