🕒 Última actualización:
abril 12, 2025
Ante una alerta epidemiológica declarada por el aumento de casos de fiebre amarilla en Colombia, se generó una polémica a raíz de unas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respecto de la autoridad del Estado para decidir sobre la vacunación de menores de edad sin el consentimiento de sus padres o acudientes. En respuesta, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) se pronunció para precisar sobre el marco legal que regula la patria potestad.
El Ministerio de Salud argumentó preocupación por la baja cobertura de vacunación en algunos departamentos, en regiones como Tolima, Caquetá, Meta y Putumayo. La cartera indicó que, hasta el primer trimestre de 2025, se registraron 20 muertes por fiebre amarilla, y un total de 47 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad. En línea con esto, el ministro Jaramillo dijo: “La patria potestad de todos los menores de 18 años está a nombre del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercederá el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se ha intercedido en casos de este tipo porque, ningún padre se puede negar a que sus hijos sean vacunados”. Por esto, el Icbf reaccionó y dijo que el Estado no detenta la patria potestad de los menores de edad. La directora del instituto, Astrid Cáceres, explicó que el rol de la entidad sería intervenir únicamente en los casos en los que se identifiquen situaciones que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero no sustituir legalmente a los padres o acudientes en el ejercicio de sus funciones.
Cáceres indicó que inmunizar a niños, niñas y adolescentes en el país implicaría una labor coordinada entre los padres y el Estado, al destacar que cualquier decisión relacionada con la salud de los menores debe ser acordada con sus acudientes, respetando sus derechos fundamentales. A raíz de esto, el MinSalud volvió a referirse al decir que las declaraciones del ministro Jaramillo habrían sido malinterpretadas, y que tendrían por fin subrayar la importancia de priorizar la vida y la salud de los menores ante cualquier situación de riesgo, sin que esto implicara una afirmación legal sobre la patria potestad. “Se hace un llamado a los padres de familia para que respalden las decisiones que los menores adopten respecto a su salud, incluso si dichas decisiones son contrarias a sus creencias, cultura o religión, priorizando de esta manera la salud y la vida de los niños, niñas y adolescentes”, expresó el ministerio en un comunicado, al también refirir al Decreto 309 de 2025 que establece que se debe respetar la autonomía progresiva de los menores de edad siempre y cuando aplique.
Vía: Infobae
