🕒 Última actualización:
julio 24, 2025
El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a siete exdirectivos de Banadex, filial de la multinacional bananera Chiquita Brands, a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, por financiar grupos paramilitares en Colombia durante los años 90 y 2000. Los condenados son Reinaldo Elías Escobar, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Julio Buitrago y Fuad Alberto Giacoman. La jueza Diana Lucía Monsalve también ordenó su captura, el pago de $13.879 millones, y negó beneficios como la prisión domiciliaria. Otros tres exdirectivos de Banacol fueron absueltos.
La sentencia estableció que los ejecutivos fueron responsables de una cadena que habría beneficiado económicamente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Magdalena Medio, utilizando como fachada legal las asociaciones Convivir para realizar pagos que habrían superado los $1.400 millones en un periodo de tres años. La jueza mencionó que estos pagos no habrían sido aislados, sino parte de una 'estrategia sistemática' para asegurar operaciones empresariales bajo 'protección armada ilegal', en una región marcada por el conflicto armado. En 2007 Chiquita Brands ya había sido condenada en Estados Unidos por haber realizado más de 100 pagos ilegales, por un total de 1,7 millones de dólares, a las AUC. En ese entonces, el tribunal norteamericano impuso a la compañía una multa de 25 millones de dólares y la obligación de indemnizar a las víctimas. Sin embargo, hasta ahora no se habría dado una sentencia contra sus responsables en Colombia. El proceso estuvo a punto de prescribir (extinguirse...) en septiembre.
La sentencia también cuestiona a la Fiscalía por no investigar a los altos directivos de la casa matriz en EEUU, quienes autorizaron dichos pagos. Además, critica errores del ente acusador al confundir a Banacol con Chiquita Brands y 'perseguir solo mandos medios'. La jueza calificó los pagos como una 'colaboración voluntaria' con grupos paramilitares, desestimando la defensa de serían eran extorsivos. La Comisión de la Verdad había advertido previamente que Chiquita Brands no solo conocería la presencia paramilitar en Urabá, sino que habría colaborado 'activamente' con estos grupos a cambio de beneficios logísticos y económicos. Según testimonios, la empresa habría permitido que los paramilitares utilizaran sus contenedores para ocultar cocaína destinada a la exportación. El caso, que ha sido ampliamente mediático, ilustró una cercanía empresarial directa en el entramado de violencia y narcotráfico en Colombia, en lo que habría puesto sus intereses económicos por encima de los derechos humanos.
Vía: La Silla Vacía • Caracol Radio • Revista Cambio
