🕒 Última actualización:
julio 21, 2025
Luego de que la trabajadora Deicy Johana Zapata denunciara presuntas condiciones laborales irregulares en una tienda D1 de Ituango (Antioquia), incluyendo la imposibilidad de lactar a su bebé con problemas de salud y la omisión de un accidente laboral, el Ministerio del Trabajo inició una investigación formal contra la cadena. Esta queja se sumó a múltiples reportes similares en otras ciudades del país, lo que derivó en un escándalo seguido de una serie de inspecciones a fondo que habrían mostrado gravedades en condiciones laborales de Tiendas D1, especialmente en lo que respecta a madres lactantes, salud ocupacional, acoso laboral y vulneración de derechos sindicales.
El Ministerio, bajo la dirección de Antonio Sanguino, habría realizado 263 visitas a tiendas y seis centros de distribución, donde habría evidenciado prácticas como jornadas laborales sin pausas adecuadas, contratos por horas encubiertos como indefinidos, tareas polifuncionales sin delimitación clara, no pago de horas extras, sobrecarga física en bodegas, y descuentos arbitrarios a empleados. También se halló que varios accidentes laborales no serían reportados a las ARL y que habría falta de comités de salud y seguridad, manuales de funciones y condiciones básicas de infraestructura laboral, lo que representaría una vulneración a la ley y expondría a los trabajadores a riesgos. Como resultado de estas inspecciones, el Ministerio formuló 10 recomendaciones de mejoramiento, que incluirían adecuar la infraestructura, dotar de sillas a cajeros, contratar personal específico para aseo y vigilancia, fortalecer los comités internos, respetar la libertad sindical, revisar modelos contractuales, y mejorar protocolos de salud y seguridad en el trabajo. También, advirtió que otras empresas podrían ser objeto de medidas similares si replican las mismas prácticas laborales irregulares detectadas en D1.
En respuesta, Tiendas D1 emitió un comunicado donde reconocía su papel como 'una de las mayores generadoras de empleo formal del país', con más de 25.000 trabajadores vinculados mediante contratos a término indefinido. La compañía dijo que estaría dispuesta a cooperar y entregar pruebas de cumplimiento, aunque también mencionó que aún no habría sido notificada formalmente de cargos en su contra. Además, no anunció la adopción inmediata de cambios estructurales, aunque argumentó 'compromiso con el empleo digno, la inclusión laboral y la equidad de género'. El caso ha marcado un precedente en la historia reciente del control laboral en Colombia. La presión pública y estatal habría llevado a poner bajo juicio público el modelo de “low-cost” aplicado al empleo en una empresa de tamaño mayor. Mientras el Ministerio del Trabajo ha prometido continuar con las inspecciones y sanciones necesarias, la situación sucede en medio de una escalada del debate sobre hasta qué punto podría sacrificarse el bienestar laboral en aras de mantener precios bajos y eficiencia operativa en el mercado. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Redmás • W Radio • Diario AS
