🕒 Última actualización:
julio 22, 2025
La Procuraduría General de la Nación realizó una visita a la Permanente Central de Ibagué y habría hallado varias problemáticas consideradas críticas, entre ellas un hacinamiento del 310%, deficiencias estructurales, demoras en el suministro de alimentos y fallas en la atención médica a los privados de la libertad. La institución consideró estos hallazgos como 'alarmantes', al referir condiciones 'que atentan contra sus derechos fundamentales'.
Como respuesta, la Procuraduría solicitó a la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, USPEC y otras autoridades, tomar acciones 'inmediatas'. Entre los requerimientos están la reactivación del traslado de internos al complejo carcelario de Picaleña, el nombramiento de personal médico, la mejora del acceso a servicios de salud y una reparación de instalaciones deterioradas, incluyendo celdas y espacios para audiencias. También exigió habilitar espacios para visitas familiares, 'aunque sea de manera virtual', y advirtió que el incumplimiento de estas medidas constituiría una falta disciplinaria.
No es la primera vez que se evidencia la situación por parte de entes de control. En el pasado, la Personería Municipal de Ibagué ya había alertado sobre hacinamiento y condiciones precarias en el lugar. En 2024, bajo se reanudaron algunos traslados hacia Picaleña, lo que habría permitido regular momentáneamente la crisis, pero la situación ha persistido hasta hoy.
