🕒 Última actualización:
agosto 14, 2025
La Alcaldía de Ibagué anunció la puesta en marcha de un “cierre de fronteras” que pretendería hacer control del ingreso de habitantes de calle que provendrían de otras ciudades, en medio de una escalada controversia. La alcaldesa Johana Aranda dijo que el 80% de estas personas no serían originarias de la ciudad, y que esto habría generado mayor preocupación por 'inseguridad, el deterioro del espacio público y mendicidad' en varios barrios. El objetivo sería retornarlos a sus lugares de origen y ofrecer 'atención integral' a quienes sí serían de Ibagué. Aranda mencionó que incluso, presuntamente, habrían llegado “camionados” de habitantes de calle desde distintas capitales.
El último censo reportaba que en la ciudad habría más de 1.500 personas en esta condición, de las cuales cerca de 1.000 serían de otros sitios. Según Aranda, y anteriormente otros funcionarios, esta situación se debería a que Ibagué sería percibida como una 'ciudad acogedora' por la población vulnerable. La estrategia contemplaría un plan social para los habitantes de calle nacidos o con larga residencia en Ibagué. Este incluiría programas de atención psicosocial, salud mental, desintoxicación, capacitación laboral y reintegración social. La alcaldesa refirió que no se pretendería 'excluir ni estigmatizar' sino dar 'oportunidades reales', aunque advirtió que la ciudad no podría sola con una situación 'de alcance nacional'. Así las cosas, para quienes provienen de otros municipios y departamentos, se implementaría un plan de retorno asistido, coordinado con autoridades locales de sus lugares de origen. Además, que el proceso se realizaría bajo un 'enfoque humanitario', con garantía de un 'respeto a la dignidad' de las personas, pero con 'firmeza institucional para evitar que Ibagué se vea sobrepasada' en su capacidad de atención.
Adicionalmente, se dijo que se instalarían puestos de control en las principales vías de acceso junto con la Policía Metropolitana y Migración Colombia, y que esto pretendería identificar y monitorear el ingreso de la población en situación de vulnerabilidad. La administración local también llamó a los ciudadanos para que no 'incentiven la mendicidad' (en referencia al ofrecimiento de limosma...), al considerarse que contribuiría a 'mantener y atraer' el fenómeno. Aranda concluyó que sería necesaria una política pública nacional 'clara', acompañada de recursos y una red de apoyo entre municipios, para una 'atención integral y equitativa' a los habitantes de calle. “Lo que está en juego es la calidad de vida de todos los ibaguereños” y la capacidad de la ciudad para 'mantener el orden, la seguridad y la convivencia'; manifestó. El debate que relaciona la situación por habitabilidad de calle es amplio. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Olfato • Alerta Tolima • Caracol Radio
