🕒 Última actualización:
agosto 03, 2025
Un grupo de mercenarios colombianos, contratados por una empresa vinculada a Emiratos Árabes Unidos (EAU), estaría entrenando a niños soldado en Sudán para las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una milicia acusada de 'crímenes de guerra' desde que estalló el conflicto en 2023. Fue reportado por La Silla Vacía. “César”, un exmilitar colombiano que habría participado en la operación, habría compartido al medio citado fotos y videos donde se evidenciarían menores de entre 10 y 15 años en campos de entrenamiento al sur de Nyala, en Darfur del Sur. Allí, entre 1.000 y 3.000 reclutas recibirían instrucción en armas y tácticas de guerra por parte de decenas de colombianos con experiencia militar. La operación estaría coordinada por el coronel retirado Álvaro Quijano, quien viviría en EAU y reclutaría exmilitares a través de A4SI, una empresa registrada a nombre de su esposa. La firma actuaría como intermediaria de Global Security Service Group (GSSG), propiedad de un empresario emiratí llamado Mohamed Hamdan Alzaabi.
Se dijo además que los mercenarios colombianos serían capacitados en bases emiratíes antes de ser trasladados a Sudán, donde cumplirían funciones adicionales como el control del aeropuerto de Nyala o el manejo de drones utilizados en bombardeos, lo que consolidaría una estructura militar transnacional que reforzaría a las FAR en uno de los conflictos más complejos del continente africano. En medio de esto, recientemente se conoció qud Ammar Mahmoud, embajador de Sudán ante la ONU, denunció públicamente en su cuenta de X la participación de colombianos en una 'matanza de civiles' en Darfur del Norte. Según él, estos mercenarios, financiados por EAU, violarían el 'legado africano contra la intervención extranjera' establecido desde la Convención de 1977. “África debe levantarse. El imperialismo no debe regresar por la puerta trasera”, escribió. El mensaje reforzaría una condena internacional hacia una presunta 'injerencia militar encubierta' de potencias extranjeras en conflictos internos africanos.
Aunque el gobierno colombiano habría manifestado rechazo, la operación continuaría activa. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han advertido que el reclutamiento y entrenamiento de menores en contextos armados constituiría un 'crimen de guerra'. Colombia, firmante del Protocolo Opcional sobre niños en conflictos armados y miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) podría enfrentar presiones para actuar judicialmente contra los responsables. No obstante, mercenarios entrevistados habrían indicado que su participación respondería a 'necesidad económica, falta de oportunidades' en su país o un intento de 'evitar' frentes de conflicto 'más letales' como el ucraniano. Los testimonios también expondrían supuestos abusos laborales como promesas incumplidas de pago, 'amenazas' y limitaciones como la prohibición del uso de celulares y la retención de contratos. Se dijo también que para ocultar sus operaciones, los coordinadores habrían adoptado medidas más estrictas, incluyendo el uso de nombres clave como “Fénix” y la creación de empresas fachada registradas en Panamá. A pesar de todo, los mercenarios seguirían siendo reclutados.
Vía: La Silla Vacía
