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agosto 02, 2025
Álvaro Uribe fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria y una multa económica tras ser hallado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. La jueza Sandra Heredia, quien emitió el fallo, argumentó que 'la gravedad del delito, el riesgo de fuga y las maniobras dilatorias' justificarían la detención domiciliaria. Aunque el expresidente fue absuelto de uno de los cargos por falta de pruebas, el tribunal consideró 'suficientemente demostrado' que instigó a su abogado a manipular testigos para que declararan a su favor y contra el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico). En respuesta, Uribe ha calificado la sentencia como “decisión política”, y en su intervención durante la audiencia (en ejercicio de su defensa material) cuestionó el respeto de la jueza hacia él y su familia. La defensa del expresidente, encabezada por Jaime Granados, anunció que presentará apelación formal el 13 de agosto, lo que trasladaría el caso al Tribunal Superior de Bogotá. Esta instancia (segunda) tiene plazo hasta el 15 de octubre para fallar; de no hacerlo, el caso prescribiría (sería extinto...) y Uribe quedaría libre de sanción penal.
Paralelamente, la tensión en el ambiente político y judicial ha escalado por pronunciamientos nacionales e internacionales. La bancada de víctimas acreditadas en el proceso denunció ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 'presiones mediáticas' y políticas contra la jueza Heredia, señalando que presuntamente se habría puesto en riesgo la independencia judicial y la integridad personal de la funcionaria. Entre los firmantes están el senador Cepeda y abogados de las víctimas, quienes pidieron 'intervención urgente' frente a lo que consideran un 'intento de interferencia institucional'. La Corte Suprema de Justicia también ha referido una necesidad de 'respetar la autonomía de los jueces', y se ha dicho que la presión externa pondría en riesgo a los operadores de justicia. Desde el exterior, figuras como el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, y el secretario Marco Rubio también se pronunciaron, cuestionando la imparcialidad del proceso. En un tono crítico hacia el fallo, lo calificaron de supuesta 'persecución judicial' contra Uribe, al tiempo que 28 expresidentes de Iberoamérica, liderados por Iván Duque, enviaron una carta a la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CIDH, alertando supuestas 'anomalías y violaciones de derechos humanos' en el proceso judicial. Recientemente, Duque propuso una 'tutela masiva' para que Uribe 'se defienda en libertad'. Paralelamente, 38 juristas criticaron la medida de detención como 'injustificada y desigual'.
La controversia también ha avivado tensiones entre Uribe y el Presidente Gustavo Petro. En paralelo a la audiencia, el Centro Democrático anunció una marcha nacional en respaldo a Uribe, convocando a sus simpatizantes para pronunciarse contra lo que consideran como 'persecución judicial'. Sería el 7 de agosto. Además, la defensa del expresidente radicó una denuncia penal formal contra Petro, acusándolo de 'hostigamiento y calumnia', luego de que este publicara en su cuenta de X, los días 28 y 29 de julio, mensajes en los que vincula a Uribe con delitos como paramilitarismo, narcotráfico y corrupción. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, señalando que estas publicaciones 'atentan contra la honra del exmandatario'. Sectores uribistas consideran que el juicio sería una expresión del “neocomunismo judicial”, según Uribe. Volviendo a la audiencia de sentencia, las tensiones escalaron allí cuando se dio un cruce verbal con la jueza Heredia, a quien Uribe cuestionó por supuestamente acusar a sus hijos de filtrar la sentencia, de no asistir a todas las audiencias, y que en cambio sí habrían tenido la "gallardía" para hacer comentarios en su contra. El expresidente le dijo que no se metiera con su familia y que hubo falta de respeto hacia él y su defensa. También acusó a la jueza de 'actuar con animosidad y sesgo', señalando que esto debería ser evaluado por la justicia nacional e internacional. La jueza le pidió guardar silencio y afirmó que no pretendería faltar al respeto. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • AFP • El Tiempo • EFE • La Silla Vacía • El Colombiano • API • Infobae • NTN24
